Creada mediante decreto el 8 de mayo de 2009, la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, es un organismo adscrito a la Conselleria de Medi Ambient, en el que están representadas las principales administraciones de las Islas.
Encargada de velar por la preservación de los valores ambientales de Baleares, ha jugado desde su constitución un papel esencial para la paralización de macroproyectos urbanísticos y hoteleros. También otras iniciativas privadas y públicas como la instalación de plataformas petrolíferas en el Mediterráneo o la construcción de nuevos campos de golf en Son Real, Son Bosc o Sa Rápita. El Govern acaba de anunciar su disolución.
Entre los proyectos paralizados por la comisión a lo largo de su historia destacan además de los ya mencionados, los parques fotovoltaicos de ses Penyes den Barxó y sa Tudosa en Artà, el del Puig d'Alparta (en Artà y Sant Llorenç), el de Santa Magdalena (Inca), Son Bonet (Marratxí) y el parque eólico Es Micolar (entre Ciutadella y Ferreries). Este último contemplaba la construcción de siete y diez molinos de entre 80 y 125 metros de altura que generarían una potencia de entre 12 y 18 MW.
También pleiteó contra el proyecto de ampliación del puerto deportivo de Alcúdia y contra la construcción de los campos de golf en Son Bosc (Muro) y Son Aversó (Palma). Años después el proyecto de Alcudiamar ha sido redimensionado y los terrenos de Son Bosc, colindantes entonces con el parque natural de s'Albufera, forman parte del espacio protegido.
El camino no ha sido fácil y la comisión ha sido cuestionada por los movimientos ecologistas en algunos momentos, pero también por los gobiernos autonómicos que designaban a su presidente, cabeza visible de un nutrido grupo de técnicos, expertos en medio ambiente y urbanismo.
En los últimos años, bajo la batuta de Antoni Alorda (Més), el organismo dependiente de la Conselleria de Medi Ambient ha impedido el desarrollo de suelos urbanizables sensibles como Bonaire en Alcúdia por la falta de recursos hídricos suficientes para abastecer a más población de la actual. También urbanizables no tan sensibles desde el punto de vista ambiental, pero por razones parecidas. Es el caso de Inca, donde vetó la construcción de una urbanización junto al pulmón verde de la ciudad (Serral de les Monges) a la espera de una ampliación de la planta depuradora que garantice que la llegada de nuevos residentes no pondrá en riesgo la capacidad de depuración de las aguas sucias.
Declaró además la caducidad y archivo de proyectos que se eternizaban en los cajones de la administración como las normativas urbanísticas de Felanitx, Calvià, Sant Josep de Sa Talaia, Sant Llorenç, Muro o Pollença. También de iniciativas que afectaban a la cueva de Sant Martí de Alcúdia y Es Crever de Marratxí).
Adiós a la Alternativa cero
La disolución de la Comissió de Medi Ambient podría acabar ahora, no solo con la obligación de que se adopten las medidas necesarias para paliar los efectos ambientales de las nuevas infraestructuras, sino también con la necesidad, exigida durante los últimos ocho años, de presentar una ‘alternativa 0' acompañando a cualquier proyecto desarrollista. Esa ‘alternativa 0' exigía hasta ahora repensar con cierta distancia hasta qué punto los crecimientos previstos son o no necesarios.
La fábrica de asfalto de Sineu, la cantera de Son Negret que alimentaba a la cementera de Lloseta hasta su cierre y las autorizaciones de otras canteras en las Islas han estado en algún momento sobre la mesa de este órgano técnico. Es innegable la ralentización que ello suponía para la concesión de las autorizaciones de construcción y desarrollo de actividades urbanísticas y económicas, pero no es menos cierto que su supresión tendrá un coste ambiental. Solo el tiempo dirá qué precio hemos pagado.
El ecologismo vuelve a alzar la voz advirtiendo de lo que puede venir. La pelota, que rebotó durante años sobre la Conselleria de Medi Ambient, vuelve ahora a su tejado.
¿Salvó la Comissió de Medi Ambient sa Rápita de la construcción de un hotel de más de mil plazas turísticas y un campo de golf? ¿O lo hicieron las movilizaciones históricas que protagonizaron las entidades conservacionistas? La plataforma ‘Salvem sa Ràpita', Amics de la Terra y el GOB, llenaron el Auditorium de Palma en un concierto solidario que hizo historia para sufragar los gastos del litigio judicial que lideraba esta última entidad. Antes que la marea ‘verde' del TIL hubo esta y otras muchas mareas ecologistas.