El Consell de Mallorca ha impuesto multas por casi 12 millones de euros a causa de las infracciones urbanísticas detectadas desde el año 2009 en aquellos municipios con los que la Agència de Defensa del Territori tiene un convenio, mediante el que le delegan las competencias urbanísticas en suelo rústico al citado organismo; en urbano las mantienen los consistorios. En concreto, se trata de Campanet, Puigpunyent, Algaida, Marratxí, Son Servera, Montüiri, Artà, Felanitx, Mancor, Alaró, Bunyola, Santa Maria, Sóller, Búger, Selva, Llubí, Capdepera, Fornalutx, Sineu, Campos, Manacor, Inca, Esporles, Pollença, Sencelles, Vilafranca, sa Pobla, Santa Eugènia, Andratx, Consell, Calvià, Porreres, Binissalem, Lloret y Sant Joan. Cabe precisar que no todos los consistorios firmaron el acuerdo al mismo tiempo, sino que lo han ido haciendo de manera progresiva.
La directora insular d'Urbanisme, Maria José Frau, explica que la cuantía de las sanciones por infracción urbanística son un porcentaje sobre el valor de las obras ilegales ejecutadas. Este porcentaje oscila entre el 100 % y el 250 % del valor de las obras si es suelo rústico común y entre el 250 % y el 300 % si es suelo rústico protegido.
El año en el que se han impuesto sanciones por un mayor importe económico es 2023; concretamente 3.356.228 euros, a lo que hay que añadir 143.335 euros por multas coercitivas y 50 órdenes de demolición. La mayoría de las infracciones están motivadas por realizar edificaciones sin licencia (el 27,27 %), por realizar reformas o ampliaciones (18,18 %), cerramientos (18,18 %) y viviendas sin licencia (15,7 %).
Descienden las demoliciones
El informe elaborado por la Agència de Defensa del Territori también pone de manifiesto que se ha producido un descenso de las demoliciones llevadas a cabo. Entre 2017 y 2023 se han contabilizado un total de 748 derribos. En los dos últimos años se ha pasado de las 137 de 2021 a las 112 de 2022 y a las 95 de 2023. No obstante, en 2023 había 238 demoliciones pendientes de ejecución; de las que 50 se han dictado en 2023. La caída es significativa respecto a 2021, cuando fueron 121; en 2022 se notificaron 72. También se ha producido una disminución de las inspecciones realizadas: 512 en 2021, 514 en 2022 y 376 en 2023. Esto ha dado lugar a una reducción de las cuantías de sanciones impuestas: 7 millones en 2021, 6,6 millones en 2022 y 3,3 millones en 2023.
Frau explica que esto se debe a que «durante el 2023 se ha venido llevando a cabo el proceso de estabilización de funcionarios, que afecta de manera importante al personal inspector de la Agència. Esto ha provocado que algunos inspectores hayan dejado su puesto de trabajo (que ocupaban internamente y con el proceso de estabilización se va a cubrir de manera definitiva) por otra plaza interina que no está afectada por la estabilización en otra administración, ya que en el proceso de estabilización no tienen la garantía absoluta de que vayan a ganar la plaza que venían ocupando. Por ello, en 2023 el número de inspectores se ha reducido provisionalmente a 5 y las plazas que han quedado vacantes no se pueden cubrir hasta que acabe el proceso de estabilización, que se producirá durante 2024».
No obstante, avanza que «cuando haya acabado este proceso, la Agència incrementará sus inspectores hasta llegar a 13, ya que son 13 las plazas de inspector que están dotadas presupuestariamente en el 2024. Todo esto explica que durante el 2023 el número de inspecciones se haya reducido, pero el motivo expuesto pone de manifiesto que se trata de una reducción puramente coyuntural».
Menos denuncias
En la misma línea, las denuncias también han sufrido un retroceso, ya que se ha pasado de las 708 de 2021 a las 462 de 2023; en 2022 fueron 421. Especialmente llamativa es la caída de las presentadas por particulares: de 325 en 2021 a 67 en 2023. La directora insular d'Urbanisme expone que «desconocemos los motivos, que no son atribuibles a la Agència, porque esta no ha cambiado su manera de actuar y sus criterios en los últimos años. Las motivaciones de los ciudadanos a la hora de presentar denuncias pueden ser muy variadas».
También se ha registrado un descenso muy importante de la cuantía de las sanciones impuestas; concretamente, de los 7 millones de 2021 a los 3,3 de 2023. Frau lo atribuye a dos motivos. Uno de ellos es que «continúa subiendo el número de infractores que regularizan la situación (mediante la demolición o la legalización de las obras) durante la tramitación del expediente, de manera que se incrementan los expedientes que acaban con la imposición de una sanción de cuantía reducida». El otro es que «en 2023 la Agència resolvió bastantes expedientes sancionadores en los que había detectado obras recién iniciadas en ejecución que paralizó, por lo que la valoración de las mismas fue bastante baja y en consecuencia también la sanción».