Avanzan las diligencias previas del ‘caso Kokdo' en la Audiencia Nacional. A primera hora de este martes, la asociación Iniciativa Justicia y Transparencia Veritas registró una petición solicitando al Juzgado Central Número 2 la imputación de Juli Fuster, exdirector de Salut en la época del Govern del Pacte.
«En el ejercicio de la acción popular, considera que del mismo se desprenden indicios de criminalidad suficientes sobre la actuación del subdirector de compras y logística del servicio de Salut, Antonio Mascaró, y del director general, Juli Fuster, en lo relativo a su participación en la concesión de dos contratos a la empresa Soluciones de Gestión y apoyo a empresas, considerando que su actuar pudiera encajar indiciariamente en los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación del caudal público», apunta el escrito al que ha tenido acceso Ultima Hora.
La asociación argumenta que «según consta en la causa, la adjudicación del contrato de mascarillas en las islas a la empresa investigada Sistemas de Gestión y su entorno, por importe de 3.701.500 euros más otra adjudicación posterior de 56.715 euros, se llevó a cabo de forma arbitraria, manifestándose en la ausencia de los trámites esenciales del procedimiento».
Del mismo modo, también destacan que dicha adjudicación, tal y como sostiene la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil en sus conclusiones, «había sido preconcedida a la mercantil investigada obviando trámites esenciales del procedimiento administrativo, sin constar documentalmente, contrato alguno, identificación de las partes, o tan siquiera, la mínima documentación exigible sobre el objeto del contrato de suministro».
Los informes de la UCO señalan que «la entrega de las mascarillas se produjo el día 27 de abril de 2020. Unas 24 horas después, el 29 de abril de 2020, es la fecha en la que se solicitó al órgano de contratación la tramitación de emergencia para el contrato de suministro de mascarillas, dos días después de que constase la entrega, no siendo hasta el 4 de mayo de fecha en la que se produjo la resolución que acordaba la contratación, a la vista de lo anterior, es evidente que las negociaciones, la formalización del pedido y la entrega de las mascarillas inhábiles, entre los responsables del IBSalut y la empresa Soluciones de Gestiones, había sido acordada con anterioridad a espaldas del procedimiento legal de contratación pública», señala Eduardo Luna, director legal de la asociación Veritas.
En base a toda esta información, solicita requerir a la dirección general del IBSalut el expediente completo, copia literal del expediente remitido a la comisión del Parlamento Europeo y citar como testigo a Manuel Palomino entre otros. El Juzgado Central de Instrucción está previsto que resuelva estas cuestiones en los próximos días.