El exconseller y exalcalde histórico de Escorca, Antoni Gómez, del Partido Popular y actualmente asesor del ejecutivo de Marga Prohens, ha negado cualquier participación en el acuerdo transaccional que se alcanzó en 2013 entre el Govern entonces presidido por José Ramón Bauzá y el promotor de la urbanización de Muleta II, en Sóller, Matthias Kühn.
En una nota de prensa del PSIB-PSOE, la diputada socialista Mercedes Garrido aseguraba que «es el PP quien debe pedir perdón por la elevada indemnización que se tendrá que pagar» a la par que pedía «el cese de Antoni Gómez por haber sido el causante, cuando era vicepresidente del Govern, de un acuerdo con Matthias Kühn para favorecer la construcción de Muleta II».
Antoni Gómez se mostró este viernes «muy sorprendido» por esta afirmación de la diputada socialista por considerar que no tiene ningún fundamento. Gómez asegura que «ni firmé nada, ni participé en ninguna negociación, ni por supuesto hice ningún regalo y tampoco era mi competencia negociar el acuerdo con el promotor de Muleta para que retirara la demanda». Gómez asegura que su única intervención fue «participar junto a los otros miembros del ejecutivo en el Consell de Govern que aprobó el proyecto de Ley que después aprobaría el Parlament y que propició este acuerdo».
El ahora asesor de Prohens, ha aprovechado la acusación para responsabilizar a su vez al Pacte del desenlace económico de este largo proceso judicial. Recuerda que «fue el PSOE al aprobar la ley urbanística de 2017 quien devolvió definitivamente estos terrenos a su condición de rústicos, vulnerando el derecho del promotor a la tutela judicial efectiva, ya que impedía el cumplimiento de una sentencia que obligaba a recalificar los terrenos como urbanos». Además, Gómez recuerda que el anterior Govern «al recurrir en 2022 la sentencia del TSJB lo único que consiguió fue que aumentaran los intereses».