La sentencia del Tribunal Supremo que obliga a indemnizar con 100 millones de euros al empresario Matthias Kühn por la protección de un enclave natural en el Port de Sóller se suma a otras anteriores que, desde el año 2017, han supuesto un desembolso superior a los 400 millones de euros.
El Govern ha recibido medio centenar de sentencias desfavorables en el plazo de siete años cuando empezaron a resolverse los litigios de empresarios afectados por la protección de una ley aprobada en el año 2008, con el socialista Francesc Antich a la cabeza. Con esta ley se impidió la urbanización de Muleta, en Sóller, pero en este caso se da una singularidad que afecta al Govern de José Ramón Bauzá. En 2014 se firmó un acuerdo que reconocía que los terrenos eran urbanos a cambio de que el propietario, Matthias Kühn, retirara la demanda.
Un acuerdo con Bauzá
Sin embargo, años después, en 2018, los terrenos volvieron a quedar protegidos por el Govern de Francina Armengol, pero el reconocimiento previo de que era suelo urbano ya urbanizado hizo aumentar su valor, de ahí que la indemnización de Muleta, esos 96 millones de euros, sea la mas alta de la historia de Baleares.
Con menos vicisitudes urbanísticas que la de Muleta, otros empresarios habían reclamado previamente el pago de indemnizaciones millonarias derivadas mayoritariamente de la ley aprobada en 2008. La segunda indemnización más elevada corresponde a la protección de Punta Pedrera (Eivissa), que alcanzó los 86,8 millones de euros. Por la protección de Biniorella, en Andratx, se pagaron 101,5 millones en cuatro sentencias diferentes. También hay sentencias en otros puntos de Eivissa y de Mallorca hasta sumar esos más de 400 millones de euros en total.
La presidenta del Govern, Marga Prohens, aseguró este jueves que el pago de la indemnización de 96 millones de euros al empresario «compromete las cuentas de cualquier administración pública». «La sentencia es una mala noticia para los bolsillos de los ciudadanos de Balears», opinó la presidenta. El Govern deberá aprobar una ley de crédito extraordinario por esa cantidad para hacer frente al pago de la indemnización, según confirman fuentes de la Vicepresidència del Govern. Esta medida supondrá aumentar el endeudamiento de la Comunitat con esos 96 millones se tendrán que pedir a los bancos para poder pagar la indemnización.