Los apartamentos en multipropiedad tuvieron su auge en los años 90 y 2000 dentro y fuera de España. Las personas que contrataban este producto aportaban lo que hoy equivaldría a 30.000 euros para disponer de un apartamento durante una semana al año en un destino turístico, como es el caso de Mallorca. Este concepto tuvo su momento de gloria pero ahora muchos son los que intentan deshacerse del contrato de compra, llegando incluso a pagar a la empresa contratante hasta 2.000 euros para dejar de estar vinculados.
Francisco Claros, administrador de Reclamalia Abogados, despacho que colabora con la Asociación de Afectados por la Banca y Créditos al Consumo (Afeban) llevando los casos de multipropiedades, explica que hay dos tipos de afectados. «Todos los contratos firmados después de 1999 son nulos de pleno derecho, si son a perpetuidad», dice Claros. Esto sucede porque el Tribunal Supremo sentenció que los son todos aquellos en los que se comprara una semana por más de 50 años después del 5 de enero del 1999.
Por otro lado, aquellos que firmaron el contrato antes de esta fecha no tienen forma de anularlo. Además, aunque sea nulo no se puede recuperar el dinero y mientras se siga siendo propietario se tienen que pagar los gastos de mantenimiento, que rondan actualmente los 500 euros, aunque la cantidad suele subir progresivamente. Sí que es cierto que hay casos en los que «las semanas fueron financiadas por bancos a través de un crédito vinculante», señala Claros, en cuyo caso «los clientes sí pueden recuperar el dinero».
El problema a la hora de reclamar es que la mayoría de las empresas comercializadoras están «desaparecidas, aunque puedas anular el contrato no hay a quien reclamar porque están en rebeldía procesal (un limbo legal)», aclara. Una de las empresas que sí sigue operativa es Ona Aucanada, en Alcúdia, Claros expone que de las muchas demandas que lleva el bufete, ninguno de los clientes que se han querido desvincular de esta comercializadora han podido recuperar el dinero. «Hay mucha gente que está atrapada en este tipo de contratos, así que lo que hacen los propietarios para quitarse el problema de encima es pagar a la empresa para que se queden con su semana por unos 1.500-2.000 euros, porque la vía judicial es mucho más cara».
Cabe destacar que las primeras promociones de los años 90 se centraron en vender semanas de verano, pero para finales de los mismos y comienzos de los 2000 ya solo se ofrecían las de invierno. Esta «solución» de pagar para dejar de ser titular de una semana está orientada al segundo grupo, ya que las de verano no se compran pero se alquilan a buen precio. «Tenemos muchos clientes británicos, españoles e italianos que han heredado la semana de sus padres y para deshacerse de pagar las cuotas han pagado a la empresa», apunta. «La empresa no hace nada con esas semanas, las pone a la venta desde un portal a un precio ridículo porque no hay mercado», añade.
Para los afortunados que tienen las semanas de verano la tónica es diferente. En algunas ocasiones la empresa compra la semana a los dueños y la alquila a turistas. En otras, no ofrecen la posibilidad pero acuerdan con el dueño realquilar esa semana a cambio de no cobrar las cuotas anuales. El problema viene cuando los propietarios quieren sacar rendimiento de su semana intentando vender o alquilar por su cuenta: «Ona les va a poner mil pegas, no tengo pruebas pero los clientes nos lo comunican». «Salen ganando siempre, ya sea por las cuotas, el realquiler o la parte hotelera», asegura Claros. Por el alquiler de una semana en uno de estos complejos se llega a facturar más de 2.000 euros por apartamento.