La posible caducidad del proceso de reclamación por las mascarillas defectuosas que compró el Govern anterior ante la falta de actuación del actual –una hipótesis a la que apunta el auto judicial del ‘caso Koldo' y que el ejecutivo de Marga Prohens niega– enredó este martes todavía más el debate sobre el caso. Hasta el punto de que la presidenta balear y el portavoz parlamentario del PSIB, Iago Negueruela, se han hecho prácticamente las mismas preguntas, se han acusado de enturbiar la política (la ‘popular' habló de «fango» y el socialista de «lodo») y han defendido con vehemencia su derecho a preguntar.
«No me lo puedo creer, el PSIB con exigencias; han elegido un mal día, aquí la que pregunta soy yo», ha expresado Prohens a Negueruela, quien le ha replicado: «El que pregunta soy yo aunque usted quiera hacer oposición a Armengol». Éste intervino en el pleno poco después de que la presidenta del Congreso aludiera por primera vez a este caso.
Aunque formalmente sólo había dos preguntas dirigidas a la presidenta balear sobre el caso de las mascarillas –una de Negueruela y otra de la portavoz de Vox, Idoia Ribas–, las alusiones fueron constantes, tanto en el turno de control como en el debate de otras propuestas del pleno. «Armengol ha tardado una semana en hablar y ha salido diciendo mentiras», le dijo a Ribas la presidenta del Govern. «Se fue sin dejar firmado nada», en referencia a la impugnación del acuerdo para la compra de las mascarillas que el IB-Salut adquirió a la empresa Soluciones y Gestiones de Apoyo a las empresas, de cuyas operaciones cobraba aparentemente comisiones el asesor del entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos.
Tanto en el pleno, como luego en conversaciones con los medios y en comparecencias informativas, Negueruela ha insistido en que «todo está explicado» y en que se recurrió la operación en plazo para impedir que prescribiera. El IB-Salut remitió en marzo a la empresa un documento –sin trascendencia administrativa, admitió ayer– en el que se informaba de la posible revocación del acuerdo. La empresa lo consideró improcedente pues habían pasado tres años.
La fecha clave
Lo que sí es clave para Negueruela es otra fecha: la del 6 de julio de 2023 (el día de la investidura de Prohens) en que el entonces subdirector de compras del IB-Salut remitió una «propuesta de resolución parcial por incumplimiento culpable de contrato» a la empresa de la polémica. Fue entonces cuando se inició el expediente, se evitó la prescripción y la caducidad. Para el Govern, ese día no se inició nada, sino que fue el 24 de agosto, ya por la nueva dirección del IB-Salut. Según el portavoz del grupo Popular, Sebastià Sagreras, todo lo demás son «oficios y comunicaciones sin valor».
No es lo mismo que un expediente caduque o prescriba. En cualquier caso, y en eso coinciden socialistas y Govern, no ha prescrito aunque ahora se analizará si ha caducado. El PSIB sostiene que si es así, es culpa del Govern. Y éste que la caducidad sería 24 de abril. El PSIB reclama al Govern «todo el expediente».