El Govern de Francina Armengol firmó un contrato por valor de 3,7 millones con la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, una de las implicadas en la investigación por corrupción que realiza la Audiencia Nacional. El contrato, para conseguir equipamiento médico, se firmó a través de un procedimiento negociado sin publicidad el 8 de mayo de 2020, en pleno estado de alarma por la pandemia.
Se trata de una de las empresas investigadas en el marco de una operación que se ha saldado con una veintena de detenidos, el más destacado Koldo García, que fue mano derecha del ministro de Fomento, José Luis Ábalos. Se investigan sobornos en contratos que suman más de 53 millones de euros suscritos por diversas administraciones públicas. Ábalos negó este miércoles cualquier tipo de relación con este asunto.
Fuentes del anterior equipo del IB-Salut confirman que esta compra se gestionó a través del Ministerio de Fomento. Se adquirieron las mascarillas al precio base de 2,5 euros cada una de ellas porque eran del modelo FFP2, que eran las que se necesitaban. El criterio general era aceptar el material y después verificarlo y, cuando el IB-Salut hizo esta certificación, se comprobó el 8 de junio que no eran FPP2.
El IB-Salut las retiró y las dejó almacenadas porque ese era el criterio que fijó la OMS con el fin de tener reservas de material en caso de un rebrote de la enfermedad. A partir de que se decretara el fin de la pandemia, el 5 de mayo de 2023, el Govern comenzó el procedimiento para reclamar la diferencia económica entre una mascarilla FFP2 y una quirúrgica, mucho más baratas que las que suministró la empresa. De hecho, cada mascarilla valía una media de 0,42 euros y no los 2,6 que se pagaron al proveedor.
El descuadre era de 2,6 millones de euros, que es el contenido de la reclamación. Argumentan que se esperó al fin de la pandemia en mayo de 2023, y la reclamación se hizo cuando ya habían pasado las elecciones autonómicas, que ganó el PP.
La investigación de la Fiscalía Anticorrupción la dirige la Audiencia Nacional y ya hay 20 personas detenidas por presuntos hechos delictivos asociados a delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. La investigación es secreta, pero se sabe que puede afectar a varios ministerios, además de a las comunidades de Baleares y Canarias donde la empresa firmó estos contratos.
El Govern ha preferido por ahora no hacer declaraciones sobre la detención de un colaborador del exministro y sobre el caso en general. Fuentes del PSIB no se pronunciarán hasta saber qué se investiga y en qué medida afecta al anterior Govern. Lo mismo señalan del actual Govern, que tampoco hará un pronunciamiento oficial hasta tener más información sobre el caso.
El apunte
Un empresa vinculada a los 'Papeles de Panamá'
La Oficina Anticorrupción revisó de forma específica el contrato de esta empresa con irregularidades que no alcanzaron la categoría de ilegalidades. El departamento de Far no detectó sobreprecios porque partía de la base de que eran FFP2. Uno de sus cargos directivos era José Ángel Escorial Senante, que aparecía en el caso de los denominados ‘Paradise Papers’ con dos sociedades offshore en Malta. En 2008 era administrador de Delta Advisory and Management Services Limite, y de Arce Investment Consulting Límited, así como de Malta Capital. La empresa contaba con 29 empleados en 2014 y 11 en 2015, según el informe que realizó la Oficina Anticorrupción.
Las claves
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Un avión cargado con mascarillas fletado en China
La empresa habían fletado un avión repleto de mascarillas FFP2 y se ofreció al Govern por si estaban interesados. Ellos se encargaban del transporte, pero el IB-Salut se tenía que hacer cargo del gasto del flete y del seguro de transporte de Madrid a Palma.
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Dos factura distintas, por las mascarillas y los fletes
El proveedor emitió dos facturas por importes diferentes: una por valor de 3,7 millones de euros en concepto del material y otra por el importe de 56.715,24 euros correspondiente al flete aéreo y el seguro del vuelo Madrid-Palma.
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Por debajo del precio medio FPP2 pero no quirúrgica
El informe de Anticorrupción señala que los 2,5 euros por mascarilla que cobró la empresa estaban por debajo del precio medio de la FPP2, que era de 2,63 euros. Sin embargo, al no ser realmente FPP2, su precio real era inferio