Més per Mallorca y Més per Menorca recurrirán el acuerdo de PP y Vox para «castellanizar» el Parlament y pedirán informes jurídicos para aclarar si éste vulnera, o no, el Estatut d'Autonomia y la Llei de Normalització lingüística.
En una nota de prensa conjunta, Més per Mallorca y Més per Menorca han informado que registrarán un escrito en el Parlament para que la Mesa reconsidere el acuerdo adoptado por PP y Vox para imponer el castellano en la Cámara y solicite informes jurídicos a los letrados de ésta y a la Universitat de les Illes Balears (UIB). Las dos formaciones han alertado que el acuerdo podría vulnerar el Estatut d'Autonomia y la Llei de Normalització lingüística.
«PP y Vox mienten cuando dicen que buscan dar nuevos derechos, porque nunca ha habido ningún castellanohablante discriminado en la Cámara», ha asegurado el portavoz del grupo parlamentario de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia. «El acuerdo de PP y Vox para imponer el castellano en el Parlament es ilegal y solo responde a la voluntad de arrinconar el catalán. Desde Més per Mallorca haremos todo lo que esté a nuestro alcance para evitarlo», ha afirmado Apesteguia.
Por su parte, el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha recordado que, si bien el impulsor es el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), la propuesta «se ha aprobado con el apoyo necesario del PP, que tendrá que explicar a los ciudadanos este arrinconamiento al catalán». En definitiva, ha dicho Castells, los menorquinistas «rechazamos completamente este nuevo intento de borrar la lengua propia».
Así, ambos partidos registrarán un escrito en el Parlament en el que denuncian que el acuerdo para imponer el castellano en la Cámara entraría en contradicción con la normalización lingüística del catalán y, específicamente, contra algunos preceptos del Estatut d'Autonomia y de la Llei de Normalització lingüística de Baleares.
Por ello, pedirán a la Mesa que reconsidere la decisión adoptada por los miembros de PP y Vox este miércoles. Así mismo, el escrito instará a la Mesa a solicitar a los letrados de la Cámara la emisión de un informe jurídico y a la UIB un informe sobre el ajustamiento de esta propuesta al Estatut, a la Ley de Normalización Lingüística y a los objetivos de ésta. Hay que recordar que, de acuerdo con el artículo 35 del Estatut d'Autonomia, la UIB es la institución oficial consultiva para todo lo que se refiere a la lengua catalana.