La Conselleria d'Habitatge ha impuesto una sanción de dos millones de euros (2.040.068 euros) por infracciones «muy graves» al policía local detenido por alquilar 68 infraviviendas que gestionaba a través de una sociedad limitada en zonas de Palma como Gomila, Foners y sa Indioteria. Se trata de la mayor multa registrada por la Direcció General d'Habitatge i Arquitectura hasta la fecha y es más alta que la suma de todas las sanciones de los últimos cinco años.
El policía infractor fue detenido el pasado 24 de noviembre por la Policía Nacional, a raíz de la denuncia del servicio de Inspección de la Conselleria d'Habitatge, en una actuación conjunta con la Policía Local. A mediados de agosto, se abrió un expediente sancionador que completaba a otro anterior. En octubre, Inspección hizo la primera propuesta de resolución del expediente hasta que en enero de 2024 salió la definitiva, según han confirmado fuentes de la Conselleria a Ultima Hora.
La creación de infraviviendas aparece en la ley de vivienda de Baleares como una de las infracciones «muy graves». Por eso, cada habitáculo que haya creado –en total la Conselleria ha contabilizado 68– se sanciona desde los 30.001 euros hasta los 90.000 euros. Una vez se notificó la resolución de sanción (en enero), la sociedad del policía tenía un mes para presentar un recurso de reposición – y todavía no lo ha hecho–. Tenía un plazo de dos meses para interponer un recurso contencioso-administrativo.
El policía tenía estas «viviendas» ubicadas en diferentes locales, plantas bajas y sótanos, como las que tiene en un edificio de la avenida Joan Miró, 24. Según datos proporcionados por fuentes de la Conselleria, desde 2019 a 2023 el servicio de Inspección registró un total de 54 sanciones por hacer publicidad de infraviviendas (infracción grave) o por crear infravivienda (infracción muy grave) por un importe global de 492.126 euros. Las sanciones más altas hasta la fecha habrían sido una de 210.000 euros y otra de 180.006 euros. La multa del policía local es cuatro veces más alta que la suma de las 54 sanciones en estos últimos cinco años (492.126 euros).
Este periódico se ha puesto en contacto con la abogada del policía sancionado y ha avanzado que «cumpliremos con la resolución administrativa», y presentarán una demanda a cada inquilino para que desalojen los habitáculos. Las personas que viven en los trasteros de la avenida Joan Miró dejaron de pagar la mensualidad después de conocer la implicación de su casero con decenas de infraviviendas. La mayoría son indocumentados. Según algunos inquilinos, el policía apenas ya se pasa por el bloque.
El apunte
Algunos inquilinos habrían recibido la demanda de desahucio por impago
Varios inquilinos de los sótanos ubicados en la avenida Joan Miró, que gestiona el policía local infractor, ya habrían sido notificados para un juicio verbal de desahucio por impago de la propiedad. Como ha podido saber este diario a través del despacho de abogados del policía que alquilaba infraviviendas, quieren dejar libres los inmuebles para cumplir con la resolución administrativa, cuya sanción es de dos millones por infracciones «muy graves».
Antes de dar este paso, el policía, a través de su sociedad, habría entregado a los inquilinos –que no pagan desde diciembre– una carta certificada para facilitar el desalojo voluntario, de forma «amistosa», pero no habría funcionado.