Agentes de la UCRIF, del Cuerpo Nacional de Policía, detuvieron la semana pasada a un policía local de Palma acusado de alquilar trasteros a inmigrantes en situación irregular en España. Los agentes, en colaboración con la Policía Local de Palma, detectaron que el funcionario llevaba el control de 73 infraviviendas en las proximidades de la calle Manuel Azaña, Foners, Lluis Sitjar, s'Indioteria y en Gomila. Ultima Hora ha entrevistado este miércoles a inquilinos que se encontraban en esta última zona y que pagan entre 300 y 750 euros al mes por un trastero de diez metros.
El edificio en cuyo sótano acoge una treintena de infraviviendas se encuentra en la calle Joan Miró y era un antiguo hotel. Según el catastro, los sótanos de este edificio cuentan con una superficie de 670 metros cuadrados y tienen un uso de hostelería. Para poder acceder a las viviendas se deben bajar unas escaleras que dan a un subterráneo, que no dispone de ventilación, y que da a un pasillo con más de veinte puertas de metal. Los pasillos laberínticos están decorados con baldosas azules que se caen, algo que también ocurre en el techo.
Las infraviviendas constan de habitación con baño privado de entre ocho y 15 metros cuadrados y en la zona común hay una lavadora para los residentes, que no disponen de un contrato de alquiler. Tal y como se puede ver en el vídeo que acompaña a esta información, los dormitorios no tienen ventanas y hay una gran cantidad de humedades. La situación en la que se encuentran los trasteros es infame y ya nada queda del color blanco que lucían las paredes y los muebles hace años.
En la mayoría de casos se trataba de plantas bajas o sótanos de escasos quince metros cuadrados como máximo, sin luz ni ventilación. Además, hay insectos en el suelo de los pasillos y los inquilinos tienden la ropa en el interior de las instalaciones. Además de tener a sus alquilados en condiciones pésimas, el presunto autor de este delito de estafa colocaba un dispositivo para controlar el consumo de electricidad para después manipular las facturas y que las víctimas pagaran más de lo que consumían.