Se alquila un trastero de 10 metros cuadrados con baño privado. Las condiciones no son buenas pero está céntrico, en pleno barrio de Gomila. El precio es de 340 euros al mes, es decir 34 euros el metro cuadrado, a precio de villa de lujo de Son Vida. La media de alquiler a nivel estatal se sitúa en 11,8 euros el metro cuadrado y la de Palma, a 16,1 euros, según el portal Idealista.
Esta es la cruda realidad de la mayoría de víctimas que residen en las 73 habitaciones del policía local detenido por la Policía Nacional por favorecer la inmigración irregular y delitos contra la integridad moral y estafa. El agente, que se enfrenta a una multa que podría superar los dos millones de euros, está en libertad con cargos y el pasado sábado, día 25 de noviembre, apareció por sus propiedades de la zona de Gomila a cobrar el alquiler del mes a sus inquilinos, según ha podido confirmar Ultima Hora.
En un edificio ubicado en la calle Joan Miró se encuentran más de una treintena de sus 73 habitaciones ilegales. Desde la calle, unas escaleras bajan hasta un subterráneo. Es el sótano del terror. El espacio, tétrico y sin ventilación, tiene más de veinte puertas de metal, una al lado de otra. Se reparten en diferentes pasillos laberínticos. Constan de habitación con baño privado de entre ocho y 15 metros cuadrados. En la zona común, hay una lavadora para todos. Es un lugar insalubre donde viven embarazadas y menores.
«Si hubiese sabido que esto era ilegal, no me hubiese metido», dice Reina, de 64 años y origen cubano, que vive en Mallorca desde 2018. Entró en el zulo en agosto de 2022 y paga una media de 350 euros con gastos de luz y agua aparte. Es una mujer enferma que estos días ha visto cómo se le ha disparado el azúcar a consecuencia de los nervios después de saber que el detenido la denunció por una deuda de unos 2.000 euros y que ella dice que pagó. «No me esperaba verlo por aquí el sábado», lamenta.
Reina apunta todo lo que paga en una libreta. A este periódico enseña las anotaciones mensuales, que varían en función del gasto del contador. En su caso, cobra una media de 700 euros. A su edad, esto es a lo que puede aspirar debido a los altísimos precios de la vivienda en Mallorca. «No hay nada más barato en Palma». Estos días, una gran parte de los inquilinos no tiene agua porque la zona donde se ubica el edificio, supuestamente, está en obras. Y la luz de los pasillos se estropea con facilidad. El suelo está repleto de cucarachas y suciedad.
Ningún residente de los trasteros reconvertidos cuenta con un contrato de alquiler. Cada mes, el policía detenido se pasa por las puertas a cobrar la mensualidad. A pesar de todo, la mayoría de los entrevistados asegura que sí están empadronados en este edificio. «Me tengo que buscar otro sitio como sea. Estoy enferma», comenta otra inquilina, María (nombre ficticio), de unos 60 años. Ella lleva cuatro años en una de las habitaciones y la comparte con su pareja. María tenía una vida digna en Cala Major. Vivía en un piso normal y corriente, pero una estafa le dejó en la calle y sin la vivienda. En ese momento, tampoco contaba con ningún tipo de ayuda: «Ahora cobro unos 565 euros del Estado. Me tengo que sentir agradecida por tener techo, aunque sea en estas condiciones».
Más de cuatro personas viven en una habitación
Según susurran los vecinos, lo que hace el policía local detenido es cobrar en función del número de personas, no por metro cuadrado. En varias habitaciones conviven hasta cinco personas, como Paola, sin papeles. Embarazada, paga 400 euros. Alejandra, 26 años y de Colombia, tampoco tiene papeles. Llegó a España hace cuatro meses junto a su hijo pequeño. Su marido, llevaba algo más en Palma. En su minúsculo trastero viven ella, el menor y su marido. «Todos los días buscamos pisos para irnos cuanto antes. Cuando llegamos a Mallorca, solo encontramos esto. Pagamos 420 euros». La joven dice que en la mayoría de propiedades que visitaron «no nos aceptaban por tener un hijo».
En este sótano, todos se llevan bien, a pesar de que el descanso se hace a veces imposible. Durante el reportaje, varios vecinos tenían la música muy alta y retumbaba por todo. Eran las once y media de la mañana. Desde hace unas semanas, el vecindario del sótano se queja de una alcantarilla de la que transciende un hedor insoportable. «El propietario deja así esta mierda y no hace nada para arreglarlo. Huele horrible porque la fosa está llena», comentan, enfurecidos, algunos inquilinos.
Nata, de 40 años, lleva muchos años en la Isla. Una situación personal le llevó a la indigencia: «Si no fuera por este propietario [el policía local], yo estaría en la calle. Doy gracias a Dios por tener un techo como este», confiesa. Trabajó durante mucho tiempo en la hostelería. Paga 280 euros por la habitación en Palma y le gustaría encontrar algo mejor pero reconoce que «me da vergüenza que a mi edad no pueda optar a una vivienda digna». En este apartamento entró en 2019. Entre las problemáticas, Nata denuncia que se hace «imposible» conseguir algo decente por la cantidad de documentos y nóminas de trabajo que piden los propietarios.
Hay vecinos españoles que llevan entre 12 y 15 años en estas habitáculos, como Pepe. Aseguran que este negocio «familiar» lleva «más de 20 años» funcionando. Pepe es un inquilino que habita temporalmente en los locales reconvertidos en vivienda, en la planta baja del edificio. El policía local podría tener otras viviendas (legales) en varias plantas del edificio, con rentas superiores a los 600 euros, según la versión de los vecinos.
Otros testimonios que circulan entre estas voces es acerca de antiguos vecinos. Según recuerdan, varias personas habrían fallecido dentro de los trasteros por enfermedades. Mencionan en especial a un hombre al que se le inundó su cuarto y los servicios sanitarios no llegaron a tiempo. Era un hombre de edad avanzada. La Policía Nacional llevaba meses apareciendo en este sótano para investigar la situación legal de estas habitaciones y viviendas.