Los interventores del Consell de Mallorca revisarán «una a una» todas las facturas que ha firmado en estos meses la exconsellera d'Hisenda, Pilar Bonet, y todos los contratos que haya establecido para verificar que no ha habido ningún tipo de irregularidad. Bonet presentó su dimisión la pasada semana después de que se supiera que está siendo investigada por un presunto desfalco que podría superar los 6 millones de euros en su etapa en una empresa privada.
El Consell de Mallorca celebra este lunes un pleno extraordinario en el que el president de Consell, Llorenç Galmés, ha explicado su actuación estos días. La interventora del Consell también ha participado en el pleno para explicar los controles de legalidad que se han realizado estos meses y la imposibilidad de que haya habido doble facturación. «Está más que controlado por la intervención y la Sindicatura», ha dicho sobre la posibilidad de realizar una auditoria para estudiar la actuación de la consellera.
«No tenemos nada que ocultar», ha dicho el presidente del Consell, que ha destacado que las supuestas irregularidades de Bonet corresponden a una etapa previa a su cargo político. «Queremos dignificar esta institución, al contrario de lo que ha ha pasado en los últimos ocho años», ha dicho Galmés. «Me comprometí a gobernar con honestidad y lo estamos cumpliendo», ha dicho.
«Las acusaciones no tienen nada que ver con su gestión en el Consell, sino a su actividad laboral en el sector privado», ha reiterado. Ha afirmado que, ante la gravedad de las acusaciones, «hemos actuado con contundencia y transparencia». Ha explicado que, durante el pleno de la pasada semana, le llegó una información que le llevó a reunirse de inmediato con ella. Le comunicó que había perdido la confianza y credibilidad y ella dijo que dimitiría sin dar más explicaciones.
Ha insistido en que se han pedido informes a tesorería e intervención que avalan «que no se ha hecho nada mal». «Todas las decisiones que tomó en estos meses vienen avaladas por los técnicos», ha señalado. Ha confirmado que la Sindicatura de Comptes realizará por ley un control fiscal externo e iniciará el control cumpliendo la legalidad.