El PP de Baleares ha defendido este viernes la proposición de ley que en materia de okupación ha impulsado la formación a nivel nacional ante el «incremento evidente» de este fenómeno en el archipiélago y sus efectos en la convivencia. Los senadores 'populares' por Mallorca Maria Salom y Martí Torres han detallado algunos contenidos de la ley, que el Senado aprobó el miércoles tomar en consideración, asegurando que la actual normativa «tiene agujeros que están siendo utilizados de manera fraudulenta».
Salom ha criticado la pasividad del anterior Govern ante esta problemática y que a día de hoy el Gobierno liderado por Pedro Sánchez «esté ocupado en otras cuestiones».
«La okupación está en alza y es un problema que va a más y en la mayoría de casos detrás del fenómeno hay mafias organizadas para delinquir», ha añadido la senadora del PP, que ha indicado que desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, la okupación ilegal se ha incrementado un 37%. Según ha añadido, en 2022 se denunciaron 16.726 okupaciones. «Imaginen la okupación que habrá sin denunciar», ha afirmado.
Salom ha insistido en que el fenómeno de la okupación ilegal merece tolerancia cero porque atenta contra el derecho a la propiedad privada, genera conflictos en los edificios y en los barrios y tiene a vecinos y propietarios «preocupados y atemorizados».
El PP hizo valer el miércoles su mayoría absoluta en el Pleno del Senado para aprobar la toma en consideración de una proposición de ley orgánica contra la 'okupación', que, entre otras cosas, establece mecanismos para el desalojo en 24 horas e impide el empadronamiento en dicha vivienda.
La toma en consideración de la proposición de ley orgánica contó con los 144 votos a favor del PP y sumó el apoyo de Vox y UPN, mientras que el PSOE y sus socios parlamentarios votó en contra. Ahora, la iniciativa pasa al Congreso de los Diputados, que la puede rechazar o aprobar para que siga su tramitación en la Cámara Alta.
Según el texto de la proposición de ley, el PP quiere que se obligue al desalojo de la vivienda en 24 horas, voluntariamente desde que es requerido por la autoridad, y si no se hace voluntariamente, transcurridas 24 horas, se puede efectuar el desalojo de forma forzosa. Además, la proposición de ley orgánica impide «que los okupas se puedan empadronar en la vivienda okupada» e incrementa las penas previstas en el artículo 245 del Código Penal por este asunto.
Del mismo modo, contempla una modificación del artículo 269 del Código Penal, añadiendo la usurpación por la provocación, la conspiración y la proposición para cometer estos delitos.
Reglamento de costas
Por otra parte, el PP ha expresado su satisfacción en relación al fallo del Tribunal Supremo (TS) que ha anulado el decreto que reformó el Reglamento General de Costas porque se omitió el trámite de consulta pública, estimando de esta forma el recurso presentado por la Plataforma de Afectados por el Deslinde de Costa Formentera. Para los 'populares', el reglamento era injusto e iba en contra de los intereses de Formentera.