La Conselleria d'Afers Socials gestionada por el anterior Govern no reclamó correctamente el dinero percibido indebidamente a los beneficiarios de la Renta Social Garantizada (Resoga) que cobraban la ayuda mientras estaban dados de alta en la Seguridad Social, durante los últimos cuatro años. Según la ley 4/2023, de 27 de febrero, de prestaciones sociales de carácter económico de Baleares, la Administración debe extinguir aquellos expediente indebidos, pero desde la oposición argumentan que durante el proceso de suspensión, no se extinguieron a tiempo por «falta de personal o de medios».
Durante el periodo 2019 a 2023, un informe interno al que ha tenido acceso Ultima Hora ha podido comprobar que había un total 5.415 expedientes suspendidos –que no extinguidos– entre la Resoga y el Complemento de Pensión No Contributiva, de los cuales 2.198 podrían haber generado una deuda de más de 11,8 millones de euros (el 95 % corresponde a la Resoga).
El PSIB defendió, por otra parte, que se habían hecho revisiones permanentes y que pedían reintegros de hasta 8.000 o 9.000 euros por cantidades cobradas indebidamente. La normativa establece que los usuarios infractores suspendidos, si quieren reactivar al ayuda, deben primero hacer el reintegro. Pero durante la pasada legislatura, en la mayoría de casos no se hacía así; se acogían al artículo 77 de la ley de finanzas de Balears, 15 de enero de 2015, que propone «descontar la cuantía correspondiente al pago indebido, sin necesidad de tramitar ningún procedimiento».
Esto significa que la Conselleria acordaba con el usuario que durante un periodo determinado, hasta saldar la deuda pendiente, no recibiría la ayuda mensual. Este periódico ha podido confirmar con fuentes internas que dicha normativa no es de aplicación en este caso. Además, esa compensación dependía incluso del perfil del solicitante. En el caso de una familia con menores, si era deudora, se le concedía la posibilidad de cobrar desde el minuto uno la ayuda social pero quitándole un porcentaje del importe mínimo durante un tiempo. El tema está en que a los cuatro años, los expedientes sin resolver prescriben.
El apunte
Más del 50 % de los usuarios, sin NIE o está caducado
Más del 50 % de los beneficiarios de la Resoga no cuentan con NIE o una parte lo tienen pero caducado con orden de expulsión. Uno de los requisitos a la hora de pedir la ayuda es demostrar, al menos, un año de residencia en Balears, pero pasado ese plazo, la normativa de la Resoga sigue amparando a aquellas personas beneficiarias que se quedan en situación irregular.