La decisión de Mercadona de abrir sus establecimientos de Palma de 9.00 a 15.00 horas el próximo 31 de diciembre -que figura como domingo de apertura no autorizada para la capital balear y la mayoría de municipios de las Islas- ha generado un conflicto abierto entre la cadena de supermercados de Juan Roig, Govern y resto de actores del sector comercial.
La Direcció General de Comerç -adscrita a la Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia- ha advertido a la empresa de que se expone a duras sanciones por vulnerar la normativa reguladora de horarios comerciales, la cual prohíbe a las grandes superficies y cadenas de supermercados (por lo general, establecimientos de más de 300 metros cuadrados) abrir ese día.
Concretamente, las multas previstas oscilan entre los 1.500 euros y los 30.000 euros, aunque si se llega a considerar una infracción muy grave -y eso sucedería en el caso de que la facturación superara los 300.000 euros- las multas pueden alcanzar hasta los 300.000 euros por establecimiento. Mercadona cuenta con un total de 21 tiendas en Palma.
Por otra parte, el órdago de la empresa ha generado malestar tanto entre las asociaciones del pequeño comercio -los únicos que pueden abrir ese día- como entre el resto de cadenas de supermercados y grandes superficies, las cuales sí han confirmado su intención de acatar la normativa vigente.
El conflicto arranca en octubre de 2022, cuando la Mesa de Comerç, presidida por los entonces responsables de la Dirección General de Comerç del Govern, acordó que en 2023 habría un número máximo de diez días festivos en los que se permitiría la libre apertura, al no estar esas fechas sometidas al régimen general de horarios. Ni el 31 de diciembre ni el 7 de enero estaban entre esos días.
El acuerdo estuvo respaldado por las patronales del pequeño comercio -Afedeco, Pimeco y Pimem-Comerç- y por las organizaciones sindicales integrantes de la Mesa. Se posicionaron en contra la Asociación Nacional Grandes de Empresas de Distribución (ANGED) -que integra a Carrefour, Alcampo y El Corte Inglés, entre otros- y la Associació de Distribuidors de les Illes Balears (ASODIB) -que incluye a Mercadona, Aldi y Lidl-, la cual es filial de la estatal ASEDA. La Asociación de Consumidores y Usuarios (Consubal) también se opuso al considerar que la decisión limitaba las opciones de los usuarios en fechas claves para el consumo, en plenas fiestas navideñas.
El acuerdo, no obstante, dejaba abierta la posibilidad de que cada ayuntamiento intercambiara dos de los días de libre apertura por otros dos a su elección. Manacor, Inca, Andratx, Ciutadella, Marratxí, Sant Antoni de Portmany y Sant Josep de Sa Talaia sí sustituyeron esas fechas, atendiendo las peticiones de las grandes cadenas. No fue el caso de Palma, que mantiene la prohibición de abrir en esas fechas.
Siempre bajo el paraguas de ASODIB, desde Mercadona ya se comunicó en la reunión de la mesa del pasado 12 de diciembre su decisión de abrir el 31 de diciembre; a su entender, no se está vulnerando la normativa vigente y considera que está operando dentro de los márgenes legales al ofrecer servicio a los consumidores en una fecha en la que concurren circunstancias excepcionales y es de interés general.
Según fuentes de Mercadona, «hay razones legales que avalan la apertura». Entre esas razones, figura la del derecho a no estar dos días consecutivos con las puertas cerradas, en pro del interés de los consumidores y también para evitar desperdicio alimentario. Las partes implicadas en el conflicto advierten de que la problemática podría repetirse el 7 de enero que arrancan las rebajas, domingo en que concurren condicionantes similares.