La Audiencia Provincial absuelve al único de los 12 acusados por los títulos falsos de Emaya que no se conformó en el juicio. El tribunal ha revocado la sentencia de cuatro meses y medio de cárcel que un juzgado de lo Penal había impuesto para este trabajador de la entidad, que además formaba parte del comité de empresa. La sentencia le exculpa porque valora que no hay pruebas de que participara de forma activa en los delitos de falsedad.
El acusado había sido condenado como cómplice del delito cometido por uno de los aspirantes a una plaza que presentó un título falso de A2. Este trabajador de Emaya había reconocido su culpa en el juicio y asumió una pena de medio año de cárcel, en la misma línea que hicieron otros diez encausados por hechos casi idénticos. Sobre el acusado, la sentencia condenatoria valoraba una serie de mensajes que había enviado al condenado en el que le asesoraba sobre la documentación a presentar. En ninguno de ellos se mencionaba el título de catalán que finalmente el aspirante mentiroso había presentado.
La Audiencia asume que no existe complicidad con el delito, tal y como postulaba la defensa del acusado, ejercida por el abogado José Ignacio Herrero. «Su actuación fue prescindible y no facilitó de forma eficiente la comisión del delito», señala la resolución, una vez que el documento falso que se presentó nada tenía que ver con lo que habían hablado los acusados. «Ningún favorecimiento del delito preincipal se ha producido y no se puede sancionar el mero conocimiento, pues conocer no es participar», añade la sentencia.
Las tres magistrada que suscriben el fallo considera que, el hecho de que el acusado fuera miembro del comité de empresa cuando ocurrieron los hechos y que tuviera información privilegiada de Emaya, «no excluye que su actuación finalmente no tuviese repercusión en el delito».
Los certificados falseados de catalán se presentaron en una serie de concursos para ser peón del departamento de redes de la empresa pública en el año 2018. Los justificantes fueron denunciados por la propia empresa y la Dirección General de Política Lingüística certificó que no eran documentos emitidos por ella. El procedimiento penal llevó también a una serie de despidos en Emaya, entre ellos el del ahora absuelto, que aún están pendientes de resolver en la jurisdicción Social.