El 'inqui-okupa' se ha convertido en el temor de los propietarios que tienen sus viviendas en el mercado del alquiler. Así lo pone de manifiesto la vicepresidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API), Natalia Bueno. Se trata de personas que pagan un par de meses de arrendamiento, dejan de hacerlo y se acogen a la situación de vulnerabilidad que permite la ley de Vivienda, aprobada el pasado mes de mayo por el Gobierno.
Bueno destaca que cada vez hay más personas que están haciendo esto, motivo por el que algunos titulares de inmuebles están pidiendo incluir una cláusula del contrato del alquiler mediante la que «el arrendador se reserva las acciones legales pertinentes si el inquilino dejara de pagar las rentas»; algunos expertos aseguran que las prácticas citadas con anterioridad son un delito de estafa, establecido en el artículo 248 del Código Penal.
Esta situación está motivando que cada vez haya más personas que estén sacando sus inmuebles del mercado del alquiler. De hecho, desde que entró en vigor la Ley de Vivienda (mayo de 2023), la oferta de inmuebles se ha reducido un 20 % y un 30 % en la Isla, según calcula Bueno. En este sentido, argumenta que «en la mayoría de los casos salen del mercado porque los hijos de propietarios necesitan la vivienda alquilada para ellos. Otra opción es que los dueños se pasan al alquiler de temporada. Además, se han incrementado los gastos porque muchos titulares optan por seguros ante miedo al impago, las declaración de la vulnerabilidad o la okupacion. Por ello, muchos han decidido venderlos».
La vicepresidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria lamenta que el acceso a la vivienda en Mallorca es un «auténtico drama» y augura que la situación irá a peor. A su modo de ver, la nueva normativa ha conseguido justo lo contrario de lo que perseguía y cada vez hay menos inmuebles en el mercado del alquiler.
Seguro de garantía
Bueno añade que en los últimos tiempos están proliferando los seguros de garantías. «Los tramitan varias aseguradoras y garantizan el cobro de las rentas, los costes del procedimiento judicial, en caso de impago; al tiempo que cubren los posibles daños al inmueble», explica.