Un decreto de emergencia habitacional con luces pero también sombras

Poco después de su publicación en el Butlletí Oficial de les Illes Baleares (BOIB), sectores vinculados al mundo inmobiliario y también entidades sociales ya tienen un dictamen sobre el decreto de emergencia habitacional, aprobado este lunes por el Consell de Govern con el objetivo de aumentar la oferta de viviendas disponibles en los municipios de las Illes Balears a precios asequibles y sin consumir territorio. Estas son sus valoraciones:

Luis Martín, presidente de la Asociación de Promotores de Baleares (Proinba)

El presidente de los promotores de las Islas, Luis Martín, señaló que «hay un problema con los precios de alquiler limitados que será un freno para inversores dado los altos tipos de interés». Pese a este obstáculo, «el decreto en general es bastante positivo». Martín alabó la posibilidad de retomar «los esqueletos de edificios que quedaron a medias para que se puedan recuperar si tienen habitabilidad. Pero habrá que ver cada que ver cada caso particular, si no vale que se derribe».

Respecto a la construcción en altura para destinarlas a viviendas de precio limitado, «hará falta que la comunidad de propietarios dé el visto bueno por unanimidad. Técnicamente es posible, en la actualidad hay estructuras aligeradas, con remontes, una muy buena solución para edificios existentes no puedes sobrecargar edificios. Hay que mirar el cálculo de cargas, la solidez del edificio... Luego está que los ayuntamientos quieran, aquí tendrán mucho qué decir». Eso sí, «el edificio tendrá que estar en sintonía con la altura del resto de inmuebles y con la anchura de la calle».

Esta posibilidad «funcionará en calles donde haya dientes de sierra acusados, donde hay edificios de doce plantas pero también de cinco», dijo Martín, citando calles donde sería posible como General Riera, Aragón o 31 de Desembre.

Sandra Verger, presidenta de la Asociación de Constructores de Baleares

La presidenta de los constructores de Baleares, Sandra Verger, alabó la medida ya que «necesitamos vivienda pero no podemos crecer eternamente. Y se introducen medidas como el tope de precios para impedir la especulación». Verger ve alguno peros a la medida como que «el precio limitado sea atemporal. Si un propietario quiere vender al cabo de unos años, el tope del precio se mantiene y perderá dinero, porque habrá hecho inversiones o gastos. Esto puede frenar esta modalidad».

También descartó que haya muchos proyectos que opten por el crecimiento en altura de edificios ya existentes, ya que «si hay gente viviendo durante las obras de refuerzo estructural, creará muchas molestias y, además, supone un coste». Sí que le ve más recorrido a la división de plurifamiliares, aunque «tendrá que contar con el acuerdo de todos los propietarios» y, sobre todo, a la división de unifamiliares: «Sobre todo en pueblos de interior, donde se les podrá dar un uso a estas casa muy grandes que están cerradas y se están degradando».

Los constructores no prevén «una avalancha de proyectos. Irán saliendo cosas. Pero este decreto no va a solucionar el problema de vivienda. Además, las empresas de construcción se enfrentan al problema de la falta de personal».

María Frontera, presidenta de la Federación Hotelera de Mallorca

Los hoteleros de Mallorca también han alabado la norma del Govern. La presidenta de la Federación Hotelera de Mallorca (FEHM), María Frontera, reconvertir establecimientos hoteleros en viviendas «una posibilidad que podrá paliar en un mínimo porcentaje la puesta en el mercado de precio limitado, pero en ningún caso será la solución que resuelva el principal problema de Baleares».

Frontera señaló que no puede calcular qué inmuebles turísticos podrían convertirse en viviendas, «se trata de una oferta hoy en día no está identificada y un producto muy concreto que ha quedado obsoleto, muy posiblemente por la ausencia de inversiones públicas en zonas muy concretas que se han ido deteriorando».

Eso sí, advirtió que «en ningún caso desde la FEHM se considera que se trata de una medida que favorece la especulación, ni la eliminación de puestos de trabajo, todo lo contrario. Detectados los casos que serán muy concretos podría ser una medida que, acompañada de inversiones públicas, consistentes en la reconversión y humanización de zonas urbanas, podrían facilitar la puesta en el mercado de viviendas y el acceso por parte de trabajadores». Sin embargo, se trata de «un cambio de uso que debido a la coyuntura económica actual tampoco es fácil, ya que son inversiones importantes. Lógicamente desde FEHM vemos más positivo que la oferta obsoleta tenga una salida, como se ha hecho con muchas otras actividades, y pueda facilitarse el acceso a la vivienda accesible, a que se mantengan edificaciones del tipo que sea que perpetúen el estado de abandono».

Pere Nicolau, arquitecto

El Col·legi Oficial d'Arquitectes de Baleares (COAIB) ha declinado hacer declaraciones, a la espera de analizar en profundidad el decreto. El arquitecto Pere Nicolau, responsable del Parc de la Mar y el aeropuerto de Palma, advirtió que el aumento de alturas «dependerá mucho de dónde se ubiquen. Me parecerá ilógico que se permita en barriadas donde todos los edificios tienen una determinada altura y el Plan General impida crecer. Tampoco puede ser que un edificio desproporcionado en altura tire hacia arriba al resto de inmuebles». En cuanto a las viviendas con problemas urbanísticos que podrían legalizarse, advierte que «podría haber ciertos abusos. Podrían pasar por el agujero de la red algo que no debería pasar». Alaba la medida de la reconversión de hoteles obsoletos y señala que pala el problema de la vivienda «no hay soluciones mágicas. Es un decreto con mucha cola para un panorama muy poliédrico».

José Miguel Artieda, presidente del Colegio de Agentes Inmobiliarios de Baleares

El representante de los agentes inmobiliarios en las Islas, José Miquel Artieda, calificó el decreto de «muy positivo». La demanda por los locales comerciales para su reconversión «se notará a partir de ahora aunque las medidas para eliminar la especulación hace que no sean productos muy atractivos». Y es que un local de unos 100.000 euros requerirá una inversión de un mínimo de 30.000 para que sea habitable.

También considera que parte de la oferta de viviendas turísticas ilegales pasarán al mercado residencial por las «inspecciones y sanciones. Antes salía a cuenta infringir la ley, ahora esto se corta». Y consideró que el coliving y el cohousing tendrán especial salida en los hoteles reconvertidos.

Chechu Osinalde, gerente de Gesmorent

Chechu Osinalde, responsable de Gesmorent, inmobiliaria especializada en alquiler de locales comerciales, alabó la medida del Govern, «es lo mejor que ha podido hacer. Hay locales en tercera línea que son comerciales o sirven de almacén o trastero que ahora se podrán convertir en vivienda. A la larga sí que subirá el precio de estos locales, son un valor al alza». En estas primeras horas del decreto ya han notado cierto interés por los locales.

Ángela Pons, portavoz de la Plataforma Antidesahucios de Mallorca

«El decreto me parece una barbaridad», aseguró Ángela Pons, de la Plataforma Antidesahucios de Mallorca (PAH). «Lo social no entra dentro del decreto. No hay nada asumible para las personas vulnerables. Un piso de 60 metros costará 170.000 euros, ¿quién puede pedir esa hipoteca». Criticó la «paralización de VPOs» y afirmó que «es un decreto hecho por y para ricos, no para gente vulnerable».

José García Relucio, secretario general Sección Sindical UGT

El secretario general de la sección sindical de UGT, José García Relucio, advirtió que las plantillas de los hoteles obsoletos que se conviertan en pisos a precio limitado podrán sufrir un despido objetivo con una indemnización de 20 días por año trabajado, mientras que los dueños de los alojamientos «hacen doble negocio. Ni siquiera se exige que los hoteles reconvertidos en viviendas sean de protección oficial».