Diez años de la marcha que anticipó la caída del gobierno de Bauzá

Cuando Marta Mas subió aquella tarde al escenario del Born de Palma para leer el manifiesto de la marcha contra el TIL y a favor de la educación pública, de la que este viernes se cumplen diez años, no se imaginaba que tendría que hacerlo hasta siete veces, para que pudiera ser escuchado por las cientos de personas que iban llegando a medida que otras se marchaban. Cerca de 100.000 colapsaron el centro, la mayor protesta de la democracia en Baleares que anticipó la caída del gobierno de José Ramón Bauzá. «Lo viví como algo histórico, todavía hoy me emociona pensar en ese día», confiesa la joven, que entonces cursaba segundo de Bachillerato en el CIDE. «La gente más politizada tuvimos que trabajar mucho porque en la concertada apenas había movilización, aunque la acabó habiendo», recuerda Mas, que leyó el texto unitario junto a un padre y otra alumna de un instituto público.

La manifestación fue el summun de una movilización ciudadana alimentada por el progresivo deterioro que sufría la educación pública a causa de los recortes que aplicaba el PP, tanto en Baleares como en el resto de España. El 16 de marzo de 2012, un año antes, nació la Plataforma Crida, integrada por docentes y familias, pero también personas politizadas ajenas al sector. Rosa Deyà fue una de las caras más visibles de la entidad en esos años: «No nacimos en contra de ningún partido, éramos ciudadanos disconformes con unas políticas públicas que nos llevaron hasta esa macromanifestación», dice. «Luchamos por la enseñanza pública y en catalán, pero a la protesta de aquel día no fuimos solo por la lengua y contra el TIL, algo que ha interesado decir; era por todo: para garantizar una educación pública, laica y con recursos económicos», reflexiona la activista, que al margen de la marcha, reivindica todo el proceso colectivo que se fraguó y que sobrepasó a los sindicatos tradicionales, que no tenían la «frescura» necesaria.

Respecto a los últimos ocho años de Pacte, Deyà admite que se usaron «mejores formas», pero que solo se pusieron «parches». «La educación pública no ha mejorado, no han mirado por el catalán, sigue habiendo centros que son guetos y la concertada tiene privilegios», opina. Aun así, cree que el cambio de gobierno, ahora, puede empeorar la situación. «Si recortan el presupuesto, confío en que salgamos a la calle, está en la memoria colectiva lo que pudimos hacer juntos», afirma.

«No la olvidará nadie. Salimos por muchas cosas y, lo que encendió todo, fue la huelga indefinida que impulsamos, íbamos a por todas», explica Iñaki Aicart, que fue el portavoz de la Assemblea de Docents de les Illes Balears, constituida a principios de 2013. «Los sindicatos tradicionales, en un principio, no apostaban la huelga, y la asamblea analizó cómo podíamos convocarla nosotros: necesitábamos muchas firmas», recuerda el maestro, que sigue ejerciendo en un colegio público de Palma. «Cuando las conseguimos pudimos organizar un comité de huelga y los sindicatos también se sumaron e hicieron el suyo», añade. Aicart describe los ocho años de Pacte como una gestión más «amable» y «pacífica» que la anterior. Valora positivamente que se recuperaran los recortes, pero lamenta que no se impulsaran grandes cambios para mejorar la enseñanza. Con vuelta del PP al gobierno, de la mano de Vox, cree que el conflicto puede revivir y, aunque el sector no esté organizado como entonces, «sabemos qué se debe de hacer, si es necesario».

Futuro incierto

«Esta manifestación ha sido tan histórica que el Govern o se pone histérico o se pone a negociar. Sólo querremos tres respuestas a tres preguntas: la retirada del TIL, la retirada de la ley de símbolos y la retirada de los expedientes disciplinarios de los directores de Maó». Las imágenes aéreas que captaron la asistencia masiva alentaron al entonces secretario general del STEI-Intersindical, Biel Caldentey, a valorar con esta contundencia el éxito de la marcha.

Diez años después, con 68 años y ya jubilado, recuerda aquel 29-S como un momento de «unidad» y «cohesión» en el sector educativo que contó con la «solidaridad» de gran parte de la ciudadanía. «Se dio una coyuntura en la que el PP, con mayoría absoluta, quiso atentar contra uno de los fundamentos de nuestro sistema educativo, impugnando la política lingüística que ellos mismos impulsaron», rememora el sindicalista. «Ahora el PP usa la política lingüística de Vox; saben que en educación deben ir con cuidado, pero no en otros sectores, como el sanitario, donde ya han suprimido el requisito del catalán», señala Caldentey. «Esto no quiere decir que vuelve a haber un movimiento de resistencia tan potente diez años después, pero si ejecutan lo que han pactado puede generarse un clima de tensión en los centros, aunque no sé cómo acabaría», admite.

Lo mismo opina Antoni Baos, quien en los años de la ‘marea verda' era el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO. «Mientras el gobierno actual negocie con los sindicatos y vaya cumpliendo con los acuerdos firmados, habrá paz social», considera, pero está seguro de que si la presidenta Marga Prohens desarrolla el acuerdo de gobernabilidad con Vox, en materia de lengua, por ejemplo, «entrarán en conflicto con lo pactado la pasada legislatura». Uno de los puntos del segundo acuerdo marco fija promover un mayor uso del catalán en los centros, mientras que el documento de gobernabilidad entre PP y Vox prevé lo contrario. Baos, que los últimos cuatro años ha sido director general de FP del Govern, recuerda con «cariño» el 29-S porque «fue una lucha que salió bien».