No deberían tener miedo a decirlo alto y claro: poner o quitar el carril Bus-VAO de la autopista del aeropuerto de Palma responde a una voluntad política. Es así de simple, por mucho que el nuevo equipo de gobierno en el Consell de Mallorca apele continuamente a la neutralidad de los técnicos de la institución para cumplir sus promesas electorales.
Suprimir el carril requiere el aval de la Dirección General de Tráfico (DGT), que hoy hace justo un año aprobó una resolución a favor de su implantación. Doce meses después, y tras la llegada del PP y Vox al poder, eliminarlo se ha convertido en una polémica diaria. Hay dudas sobre si los ‘populares' eran o no conscientes de que eliminarlo era competencia estatal, pero al margen de esto, hay que insistir en que el trasfondo es político.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana desmintió ayer a última hora la acusación de ilegalidad que hizo el conseller insular de Territori, Mobilitat i Infraestructures, Fernando Rubio: «Si se lee con detenimiento el artículo referido a los Bus-VAO en absoluto se deduce lo que dice el Consell», se limitaron a decir desde el Ministerio. Hay varios factores que incitan a desconfiar del equipo de gobierno. Al principio omitieron el artículo de la instrucción estatal que regula estas actuaciones y solamente citaban uno en el que se habla de transporte colectivo.
¿Por qué Rubio convocó una rueda de prensa de urgencia ayer a las 20 horas y no entregará hasta hoy a los medios de comunicación el informe de los técnicos que cuestiona la legalidad del carril? ¿No lo tenían ayer y hoy sí? ¿Por qué los mismos funcionarios que hace poco más de un año validaron el informe a favor de habilitar el Bus-VAO, alguno de los cuales estuvo en la convocatoria, ahora ven ilegal el proyecto? Demasiadas preguntas y pocas respuestas.