El nuevo Govern abortará la compra de 88 viviendas que tenía en venta la empresa Metrovacesa en la zona de Nou Llevant. El Govern de Francina Armengol ejecutó el derecho de tanteo y retracto sobre estos pisos con el fin de destinarlos a alquiler social, con un coste global de 25,8 millones de euros. El plazo para formalizar la opción de compra finalizaba a finales de junio y la Conselleria d'Hisenda firmó la orden de provisión de fondos, que debían salir de la entidad Ports de les Illes Balears.
La operación no pudo cerrarse porque un juez paralizó la compra de forma cautelar a instancias de la empresa un día antes de la firma, según han asegurado fuentes del anterior Ejecutivo. Lo hizo aplicando medidas cautelarísimas, por lo que el Govern no tuvo ni siquiera la opción de pedir que no hubiera esta suspensión.
Fuente del actual Ejecutivo aseguran que se han detectado «gravísimas» irregularidades, algo que niega de forma tajante el anterior Govern, que habla de "insidias" de Prohens y de voluntad de enfangar con propósitos electorales. Este jueves está prevista una comparecencia del vicepresident del Govern, Antoni Costa, y la consellera d'Habitatge, Marta Vidal para dar detalles de cómo se encuentra la operación. El anterior Govern sostiene que todo es una operación política que supone la vuelta "del PP de siempre" y lamentan que se renuncie a la compra de viviendas para los ciudadanos y se beneficie a fondos buitre.
El precio medio de estas viviendas rondaba los 290.000 euros, por encima de lo que pagó por las otras 106 viviendas que ha comprado hasta ahora el Ejecutivo balear. El Govern decidió ejecutar la opción de compra cuando se enteró de la voluntad de Metrovacesa de vender los pisos al fondo de inversión AEW, justo antes de las elecciones. Alegó que justo al lado de esta promoción, el Ibavi estaba construyendo más pisos para destinarlos también a alquiler social, como esas 88 viviendas.
La ley balear de vivienda obliga a los grandes tenedores de vivienda a comunicar al Govern su intención de vender los pisos a un precio determinado. Si el Govern entiende que la operación es ventajosa para sus intereses, tiene prioridad a la hora de hacer la compra, que es lo que pasó justo antes de las elecciones. Los pisos salieron a la venta hace un tiempo pero el plazo para ejercer el derecho de compra preferente finalizaba el día después de las elecciones, por lo que el Govern decidió ejecutar la operación a unas horas del 28-M.
Cuando informó de la operación, el Govern justificó que la nueva adquisición supondría añadir al mercado público 88 pisos de entre 40 y 85 metros cuadrados, lo que supone cumplir las condiciones de vivienda protegida. También destacó que la compra se hacía en Palma, una de las zonas con los precios más tensionados y permitirá ampliar al parque de vivienda protegida del Govern.
Es evidente que el tema de la compra de los pisos es un problema que requiere una atención seria y justa. Es comprensible que desees que las personas que se involucran en estas actividades con intención de lucro sean llevadas ante la justicia y reciban las consecuencias adecuadas por sus acciones. La falta de acción efectiva en casos como este puede generar impunidad y desconfianza en el sistema de justicia. Es crucial que quienes compran propiedades de manera ilegal con el objetivo de obtener beneficios económicos sean investigados y procesados de manera adecuada para demostrar que la ley se aplica con equidad. Espero que las autoridades, independientemente de quién esté en el poder, se comprometan a abordar este problema de manera enérgica y transparente. Solo a través de un enfoque decidido y justo podremos garantizar que se haga justicia y se mantenga el respeto por derechos de todos los ciudadanos. Es fundamental que se tomen medidas para proteger a las comunidades y ciudadanos asegurar que estas acciones no queden impunes.