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Constructores y promotores de Baleares lanzan un SOS para pedir un decreto de Emergencia Habitacional

Advierten de que la nueva ley de la vivienda agravará el problema al reducir la oferta en alquiler

La Comisión de Construcción y Empresas Auxiliares de CAEB hace una llamada de auxilio ante la difícil situación, que afecta a tanto residentes como a los trabajadores que vienen de fuera, y propone las soluciones | Youtube: CAEB Empresarios

| Palma | |

Baleares necesita 20.000 viviendas a precios asequibles para dar respuesta a la demanda habitacional. La cifra no es nueva, los promotores se han cansado de repetirla en el último año y medio. Ahora se vuelve a poner sobre el tapete con el acuerdo sobre la ley de la vivienda estatal como telón de fondo y con la demanda de un decreto de Emergencia Habitacional como última llamada del sector inmobiliario a la unidad política para enfrentar «el problema más grave que afecta a los ciudadanos de las Islas».

La Comisión de Construcción y Empresas Auxiliares de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) ha presentado la campaña SOS Vivienda, con tres reputadas voces del sector como portavoces: el presidente de la propia Comisión y vicepresidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Baleares (PROINBA), Óscar Carreras; el presidente de PROINBA, Luis Martín y el presidente de la Asociación Balear de Inmobiliarias Nacionales e Internacionales (ABINI), Hans Lenz.

A través de un vídeo que expone «la situación de extrema gravedad que vivimos», la Comisión hace «un llamamiento a todos los partidos políticos para que tomen conciencia y actúen con la misma contundencia que exige esta situación». Según denuncian, ya no es posible encontrar viviendas a un precio asequible para la clase media o trabajadora: para hacer vivienda a un precio por debajo de los 215.000 euros se necesita un «suelo económico» que a día de hoy no existe. Todo lo contrario: «en los últimos años el suelo no ha hecho más que encarecerse, en muchos casos hasta triplicarse, por la maraña legislativa que hemos soportado durante los últimos 20 años en el ámbito urbanístico». Asimismo, lamentan, los impuestos relacionados con la vivienda «no han parado de subir».

Lenz, Carreras y Martín, en la sede de CAEB.

A tenor de sus cálculos, el precio de la vivienda ha subido un 72 % desde 2015. Hay 4.600 familias a la espera de una vivienda social (faltarían 40.000 VPO para alcanzar la media del entorno europeo) y el precio de la vivienda libre ya se sitúa en los 3.477 euros el metro cuadrado en el caso de la nueva y 3.209 euros en el de la usada. Los precios más altos de España. Las políticas impulsadas hasta ahora por los gobiernos de diferente signo han tenido efectos contraproducentes, especialmente las llamadas «medidas estrella», que «no es que hayan errado, sino que han tenido el efecto contrario al deseado», señala Lenz. Por ello, reclaman un pacto político alejado de anuncios electoralistas y cortoplacistas que no se traducen en soluciones genuinas.

Por otro lado, la Comisión carga duramente contra la nueva ley de vivienda, la cual, auguran, tendrá efectos muy nocivos sobre la oferta de alquiler y agravará la crisis habitacional. De igual manera, la movilización de las viviendas de la SAREB no es vista como una medida resolutiva debido a su reducido número (120 en las Islas) y a que «además son inmuebles que se tienen que comprar».

Carreras ha pedido a la clase política que se «deje de amenazas y expropiaciones» y se siente a hablar con el sector. «No somos más listos que nuestros políticos, pero nos dedicamos a esto desde hace 30 años», ha apuntillado Martín, quien además ha insistido en que lo que pretenden es optimizar el suelo disponible en las ciudades.

Las medidas que propone la Comisión de Construcción empiezan por un gran pacto social a 20 años «para que los vaivenes políticos no pongan en peligro la hoja de ruta marcada» y se pueda buscar modelos de vivienda «adaptados a la sociedad actual». Asimismo, insisten en la propuesta de poder crecer en altura y densidad para no consumir más territorio, además de impulsar otras medidas como aprovechar suelos urbanos obsoletos cambiando su uso, ceder suelo público a promotores privados para edificar vivienda social a precio asequible y reducir los tiempos de espera en la tramitación de licencias.

Todas esas medidas deberían ser aceleradas a través del decreto de Emergencia Habitacional que demanda la Comisión. «Toda una generación corre un alto riesgo de quedar excluida de tener una vivienda propia en Baleares si no se actúa urgentemente con la profundidad y contundencia necesaria».

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