La Federación de Entidades Locales de les Illes Balears (FELIB) achacan a posibles problemas técnicos el hecho de que la mayoría de las solicitudes de revisión de precios en la obra pública no llegue a buen puerto.
Los constructores denunciaron esta semana que las administraciones baleares están haciendo caso omiso de los decretos de revisión de los precios por el sobrecoste de los materiales. De las 131 solicitudes de revisión de precios hechas por las empresas solo 22 han sido aprobadas; el resto han sido rechazadas o no han obtenido contestación.
La Asociación de Constructores de CAEB se queja de que las pérdidas para las empresas sobrepasan los seis millones de euros, un dinero «que han puesto injustamente las constructoras por el aumento del precio de los materiales y que no verán compensado, poniendo en riesgo su viabilidad». A su modo de ver, el decreto autonómico que obligaba a las administraciones públicas a actualizar los presupuestos para adaptarlos al contexto inflacionista «ha resultado un fracaso». Por ello, amenazan con acudir a la justicia ordinaria.
Los constructores cargan de manera especial contra los ayuntamientos, a quienes les recrimina «una actitud indignante» al haber dejado sin respuesta el 89 % de las solicitudes y rechazar el 11 % restante. Concretamente son una treintena los consistorios señalados. «Todas las buenas palabras y compromisos adquiridos a finales del año pasado por parte de la FELIB y de algunos de los principales consistorios de las Islas se han quedado en nada», denuncian.
Desde la FELIB, su presidente Antoni Salas, explica que el problema se tiene que estudiar con detenimiento, pero apunta a posibles dificultades de índole técnico «desde el momento en que no solo ayuntamientos, sino instituciones públicas muy dispares (entre ellas algunas consellerias del Govern o los consells insulares) no consiguen atender las peticiones, eso da a entender que es una situación que entraña dificultades técnicas».
En este sentido, Salas señala que «puede ser que las herramientas que nos han dado para actualizar los precios no sean las correctas». En cualquier caso, niega que sea una cuestión de «falta de voluntad política» como denunciaban las constructoras.
El Govern anunció en noviembre que la cincuentena de constructoras encargadas de la ejecución de obras públicas verían parcialmente compensado el encarecimiento material provocado por la guerra en Ucrania. La inmensa mayoría de estas empresas estaba a la espera de la fijación de la fórmula autonómica, ya que solo un 14 % tenía derecho a revisión de precios en base al decreto estatal. En aquel momento los ayuntamientos ya señalaron que precisaban de «un marco jurídico claro» para realizar la revisión y que, de hecho, se encontraban con muchas dudas, en gran parte porque el decreto estatal no contemplaba la parte relativa a servicios y mantenimiento.