Los constructores denuncian que las administraciones baleares están haciendo caso omiso de los decretos de revisión de los precios en las obras públicas. De las 131 solicitudes de revisión de precios hechas por las empresas para compensar los sobrecostes provocados por el encarecimiento de los materiales, solo 22 han recibido una respuesta positiva. El resto, o han sido rechazadas o -el caso mayoritario- no han obtenido contestación.
Así lo ha denunciado la Asociación de Constructores integrada en la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), quien señala que las pérdidas para las empresas del sector sobrepasan los seis millones de euros. «Es dinero que han puesto injustamente las constructoras por el aumento del precio de los materiales y que no verán compensado, poniendo en riesgo su viabilidad».
La asociación que preside Fanny Alba señala que la aplicación del decreto autonómico que obligaba a las administraciones públicas a actualizar los presupuestos para adaptarlos al contexto inflacionista «ha resultado un fracaso».
En esta tesitura, advierten, las empresas «tendrán que acudir a la justicia ordinaria y colapsarla para reclamar el reajuste económico de los contratos».
Los constructores cargan de manera especial contra los ayuntamientos, a quienes les achaca «una actitud indignante». Los consistorios han dejado sin respuesta el 89 % de las solicitudes y han rechazado el 11 % restante. «Todas las buenas palabras y compromisos adquiridos a finales del año pasado por parte de la FELIB y de algunos de los principales consistorios de las Islas se han quedado en nada», lamentan.
Los empresarios del sector salvan de la quema al Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI), que ha revisado al alza 16 de los 18 contratos que las constructoras le han remitido. «Es un claro ejemplo para los demás organismo de contratación de que las cosas se pueden hacer correctamente si hay voluntad para ello».
Entre el resto de administraciones que según denuncian los constructores no han hecho caso de la obligatoriedad de actualizar los precios, se encuentran la Autoridad Portuaria de Balears, los consells insulares de Mallorca, Menorca e Ibiza, Emaya, la Conselleria de Fons Europeus, la Conselleria de Model Econòmic, el IBISEC, el IbSalut y el Institut Balear d'Afers Socials, además de casi una treintena de ayuntamientos.