El Tribunal Superior de Justicia abre juicio oral al exjuez Manuel Penalva y al exfiscal Miguel Ángel Subirán. El magistrado Carlos Gómez ha dictado esta mañana un auto en el que sienta el banquillo de los acusados a ambos junto a cuatro agentes del Grupo de Blanqueo. Todos ellos afrontan peticiones de condena que rondan o superan los cien años de prisión por parte de la Fiscalía y que se centran en irregularidades cometidas en las instrucciones de los casos ORA y Cursach. El ministerio público les reprocha haber acordado quince detenciones ilegales diferentes.
La decisión llega justo después de que la Sala de lo Civil y Penal admitiera los recursos de dos periodistas contra los autos dictados al inicio de la instrucción por el juez Miquel Florit que acordaba el acceso a sus listados de llamadas. Era el único trámite que quedaba pendiente por cumplir en la instrucción. En la misma resolución se fija, además una fianza de 420.000 euros solidaria para los seis acusados.
El auto da un plazo de diez días a Penalva, Subirán y los policías para que presenten sus escritos de defensa y emplaza a la Abogacía del Estado para que se persone ante posibles responsabilidades civiles. La decisión judicial, un automatismo después de que se hayan formalizado media decena de escritos de acusación contra el ex juez y el ex fiscal, les pone de forma irremisible en el banquillo de los acusados. La celebración del juicio no debiera demorarse mucho dada la escasa agenda de vistas que señala la Sala de lo Civil y Penal: el último que celebró fue el que sentó en el banquillo al juez Florit, al que luego absolvió, hace dos años precisamente por los autos anulados hoy.
Los escritos que señalan la nulidad de esas diligencias cuentan con la oposición de la Fiscalía. La Sala de lo Civil y Penal ha rechazado en varias ocasiones que impliquen una nulidad radical de todas las actuaciones y, en especial de la incautación del móvil de un agente en el que aparecieron los mensajes de WhatsApp claves en la causa. Otro auto posterior señalaba que esta será una decisión que debe adoptarse en el juicio, en el que será la cuestión previa que fundamente buena parte de la defensa de Penalva y Subirán.