Nadie tenía ganas de hacer el juicio del ‘caso Peaje' y no se hizo. Lo raro hubiera sido lo contrario. Un mes de sesiones para discutir sobre contratos administrativos y sobre ingeniería civil con un jurado popular: un resultado incierto para todos. Se suma un retraso tremendo en la instrucción y que la prueba fundamental estaba en entredicho y el resultado era previsible. Lo que no era previsible es que se haya tardado tanto en llegar a esta conclusión. Las negociaciones para llegar a este punto han durado meses, con más de cincuenta reuniones, sobre todo entre la empresa concesionaria, técnicos y abogados del Consell. El pacto quedó sellado con encuentros en Fiscalía la semana pasada de forma casi secreta ante la preocupación de que se frustrara en el último momento por motivos políticos.
Desde hace años, la Fiscalía estaba dispuesta a arreglar el caso. La condición es que se solucionara también la parte del Consell Insular. El caso tiene dos partes: por un lado los funcionarios que recibieron regalos en forma de obras en sus propiedades y que han terminado en la condena penal. Esto era lo fácil de arreglar. El problema estaba en la otra acusación: la de que la promotora dejó de invertir 41 millones de euros en la carretera. Esa era la cantidad que reclamaba el Consell y toda la prueba que lo sustentaba era el informe de un perito. La fiabilidad de este experto levantaba muchas dudas, más aún por sus vínculos con otro ex director general de Carreteras. En paralelo, el Consell tenía varias reclamaciones, también millonarias por parte de la concesionaria y adeudaba varios millones después de congelar el pago de parte del canon ante la existencia de la investigación penal.
Misma operación
Al final, el Consell ha hecho algo similar en este asunto que lo que hizo hace unos meses con Mac Insular, la empresa de la recogida de residuos. Tras acumular demandas y problemas judiciales durante más de una década, renegoció el contrato. Lo mismo pasa ahora con Pamasa, la concesionaria de la carretera. Borrón y cuenta nueva. El Consell calcula que se ahorrará 350 millones de euros en el pago del canon anual. La empresa obtiene otras ventajas.
De 154 a cero
El ahorro en años de cárcel es más espectacular. De 154 que reclamaba inicialmente la Fiscalía a cero. Las cuatro condenas que hay se sustituyen por multas. Nueve absoluciones y retirada de acusación al ex conseller insular, Antoni Pascual, principal cargo político investigado.
La magnitud de la rebaja va más allá del espectacular retraso en que el caso llegara a juicio. Iba infladísimo de inicio. Se caen algunos de los detalles de más morbo del caso: ahora resulta que el restaurante Es Cruce sí pagó el asfaltado del aparcamiento. También se descarta que se produjera un delito de malversación: el Consell no pagó los regalos a funcionarios públicos.
El juicio ayer duró apenas un cuarto de hora. Gestos relajados en los banquillos. La vista estrenaba la nueva sala para macroprocesos de los juzgados de sa Gerreria que también se terminó de acondicionar la semana pasada a toda prisa. Los miembros del jurado respiraban al terminar. De la que se han librado.