Hasta una trentena de personas se han concentrado este lunes frente a la Audiencia Provincial de Palma para apoyar a los 12 encausados que supuestamente irrumpieron en la terraza de un restaurante del Moll Vell de Palma lanzando confeti y proclamas contra el turismo en julio de 2017. La acción fue convocada por la organización independentista de izquierdas Arran, y este lunes se han sentado en el banquillo los acusados del conocido como 'caso confeti'.
Los manifestantes han desplegado una pancarta donde se podía leer el siguiente mensaje: «Tirar confeti sale caro. 29 años de prisión por defendernos del turismo». «Solo tres de las 12 personas que hoy serán juzgadas estaban presentes en el lugar de los hechos», ha afirmado la representante de Alerta Solidària, Blanca Dolores. De hecho, así lo han confirmado los acusados en la primera sesión del juicio.
«La base de datos que ha utilizado la policía para identificarlas es del archivo de los movimientos sociales y demuestra que quieren criminalizar cualquier forma de lucha que quiera ir en contra del sistema capitalista español», ha denunciado Dolores. Algunos de los procesados han asegurado que no tenían y mantienen ninguna relación con esta organización política.
«Hoy se juzga el proyecto político de la izquierda independentista, que plantea una alternativa al sistema capitalista y eso es lo que les preocupa», ha afirmado el portavoz de Arran Palma, Climent Tortella.
Apoyo de Més y la CUP
A la concentración han acudido dos miembros de Més per Mallorca: la regidora de Model de Ciutat del Ayuntamiento de Palma, Neus Truyol, y el diputado soberanista Joan Mas 'Collet'. Truyol ha remarcado que lo que hicieron estos jóvenes fue «una acción totalmente pacífica» para denunciar «la masificación turística que ahora todo el mundo sabe que existe». «La Justicia debería de dedicar recursos a otros casos mucho más graves de corrupción u otras dinámicas», ha concluido la edil.
También ha estado presente el diputado catalán de la CUP en el Congreso, Albert Botran. «Un caso claro de represión política que demuestra la existencia de ficheros policiales que son ilegales», ha dicho el 'cupaire', censurando que las penas que se piden son «totalmente desproporcionadas».