El Consell de Govern extraordinario ha aprobado este viernes el decreto ley de circularidad y sostenibilidad turística que, entre otras medidas, contempla el bloqueo de todas las plazas turísticas, vacacionales y hoteleras en Baleares durante los próximos cuatro años. Así lo ha anunciado en rueda de prensa la presidenta del Govern, Francina Armengol, que ha explicado que la norma se ha aprobado por decreto pero que se tramitará como proyecto de ley para que puedan introducirse mejoras en su tramitación parlamentaria. El decreto entra en vigor este mismo viernes una vez se publique en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB).
La presidenta ha resaltado la necesidad de que la mejora del modelo turístico apueste «por la calidad más que por la cantidad». Armengol ha admitido el «crecimiento elevado» de los últimos años y el debate social generado en torno al equilibrio entre las plazas turísticas y la capacidad del territorio para soportar la presión. A partir de ahora, ha explicado, los consells insulares, competentes en esta materia, tienen cuatro años para hacer la adecuación de las plazas y fijar los límites que pueden soportar.
La norma incluye una congelación de nuevas plazas turísticas para los próximos cuatro años para mejorar la calidad de vida de los residentes y la experiencia turística de los visitantes. Así, durante este tiempo no podrán comprarse nuevas plazas de las bolsas de Mallorca, Ibiza y Formentera. En el caso de Menorca, que no tiene bolsa de plazas, se aplica la congelación para nueva oferta. Durante estos cuatro años, los consells insulares podrán determinar, a través de sus planes territoriales insulares, si se recuperan esas plazas o se dejan extinguir.
Esta moratoria afecta a las plazas hoteleras y a las de alquiler turístico, que en el caso de las bolsas de Mallorca, Ibiza y Formentera ahora mismo suman un total de 18.718, de las cuales 8.486 corresponden a Mallorca, 7.000 a Ibiza y 3.232 a Formentera. La nueva normativa autonómica de turismo conllevará una inversión pública de 60 millones de euros en ayudas al sector. En cuanto a la sostenibilidad social y económica, la norma aumentará la protección a las camareras de piso. Desde el año 2023, los establecimientos de las islas deberán instalar camas elevables. Los establecimientos dispondrán de 6 años para adaptarse a la normativa. Además de bloquear el crecimiento turístico mediante la congelación de plazas, el texto legal liga la realización de reformas en los establecimientos turísticos a nuevas limitaciones y exige como condición previa una reducción de plazas turísticas del cinco por ciento por parte del establecimiento.
Esta nueva ley, según ha explicado Armengol, comporta «tres patas», con una apuesta por la circularidad y la sostenibilidad, el uso adecuado de recursos como la energía y el agua, y la gestión de los residuos; mejora de las condiciones laborales; y modernización de los establecimientos con facilidades. La presidenta también ha remarcado que el Govern, consciente de la exigencia de invertir recursos económicos que supone la norma para el sector, aportará 60 millones de euros para su aplicación.
Sindicatos, patronales y partidos políticos han mostrado su apoyo a la nueva estrategia de contención del crecimiento turístico y apuesta por la sostenibilidad, circularidad y la digitalización