El pleno del Consell de Mallorca ha aprobado este jueves que la institución se integre al Consorci de Transports (CTM), que planifica, ordena y gestiona los servicios de transporte público en la isla. La adhesión supone «un primer paso» para conseguir el traspaso de competencias en materia de Movilidad, según ha afirmado conseller insular de Mobilitat i Infraestructures, Iván Sevillano. «Seguimos en negociaciones con el Govern, al que pedimos calendarizar y planificar el proceso», ha añadido.
Sevillano ha detallado que el traspaso de competencias en igualdad y juventud, que ya gestiona el Consell, supusieron aproximadamente un año y medio de trabajo. En el caso de movilidad, el conseller ha comentado que llevará más tiempo y ha admitido que el proceso no se culminaría esta legislatura porque implican más presupuesto económico. También ha dicho que se tendrá que tener en cuenta la voz de los trabajadores de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) y el Transport de les Illes Balears (TIB), las dos empresas públicas que dependen del Govern y que, si se traspasaran las competencias, pasarían a ser gestionadas por el Consell.
«Estamos en condiciones de que asumir las competencias, como indica el Estatut de Autonomía», ha reiterado el conseller, añadiendo que está abierto a hablar con la Conselleria de Mobilitat si primero se asume el control del servicio de bus y luego el ferroviario (o viceversa) o las dos a la vez.
En el caso de la SFM, donde los trabajadores llevan meses reclamando al Govern mejoras laborales y en el servicio ferroviario, Sevillano ha asegurado que tiene «clarísimo» que la gestión debe de ser pública. El comentario del conseller es un guiño al comité de empresa de la SFM, que teme que la Conselleria de Mobilitat privatice las futuras líneas de tren que se pongan en marcha.
Respecto a las líneas del tranvía de Palma que el Govern prevé hacer, el conseller ha considerado que los responsables de la SFM y la EMT deberían de sentarse para acordar qué empresa debe gestionarlas. Además, ha insistido que en su opinión se debe de garantizar que la gestión sea pública.