Una propietaria de un bar de Palma debe pagar una multa de 3.001 euros por incumplir en 2021 la normativa COVID, en un momento del año en que la Isla se encontraba en alerta cuatro y la hostelería no podía continuar con su actividad. Sin embargo, lo que realmente hacía Melissa Rodríguez, desde el 29 de enero a marzo de ese mismo año, fue repartir comida gratuita y caliente a las personas vulnerables de la barriada y otras zonas de Palma.
El Ajuntament de Palma había autorizado a este establecimiento dicha actividad social sin fines lucrativos, y los voluntarios debían realizar la labor con una acreditación. Tras recibir ayer la denuncia, la propietaria del bar Gallego desde hace 5 años aseguró que recurrirá el acta porque «aparte de que es injusto, me siento engañada por Alberto Jarabo (teniente de alcalde de Participación Ciudadana), porque si me hubiese dicho que esta actividad repercutiría en mí, probablemente no hubiese continuado», dijo.
Multa
El primer día en que Melissa, su madre y el cocinero de este bar emprendieron esta labor, que consistía en entregar diariamente comida caliente a personas que no tenían recursos económicos, recibieron la visita de la Policía Local. Como explica la propietaria, «los agentes alegaron que los vecinos habían llamado por la numerosa cola que había en el exterior del local y que nos estábamos beneficiando por vender esta comida. Pero se dieron cuenta de que estábamos entregando bolsas de comida».
En el acta de esa tarde de enero se reflejó que dos mujeres estaban comiendo bocadillos y bebiendo agua. Melissa justifica que «estas chicas llevaban desde las ocho de la mañana repartiendo con las furgonetas bolsas con alimentos y en ese momento estaban descansando». Ese mismo día, la propietaria contactó con Alberto Jarabo, quien, asegura, «me dijo que me quedara tranquila que se archivaría y ahora, un año después, recibo la multa. Solo regalábamos comida a los más vulnerables». El bar Gallego pudo beneficiar «a más de 200 personas» y en esta iniciativa colaboraron numerosas personas. Melissa Rodríguez tiene intención de recurrir la multa porque cree que es «sumamente injusta».