Arancha de la Fuente, madre de uno de los estudiantes confinados en Mallorca por el macrobrote de COVID-19 del pasado junio, ha insistido en que la decisión del Govern balear de confinar al grupo de alumnos, entre los que estaba su hijo, fue «absolutamente arbitraria e ilegal». Así lo ha expresado De la Fuente en declaraciones a Europa Press, tras conocerse que el caso por el confinamiento de estos estudiantes contra la directora de Salud Pública, Maria Antònia Font, ha quedado sobreseído.
«Voy a seguir considerando, lo diga quien lo diga, que es una situación absolutamente injusta», ha expresado, a la vez que ha asegurado que «la sensación es de frustración» después del sobreseimiento del caso. El pasado junio, cerca de 250 jóvenes fueron confinados preventivamente en el hotel Palma Bellver a raíz del macrobrote desatado entre estudiantes que habían realizado viajes de fin de curso a Mallorca. Unos días después un Juzgado revocó esa decisión dejando salir a los estudiantes. Algunos padres interpusieron una denuncia por presunta prevaricación contra la alto cargo que había firmado la resolución. Font estuvo citada a declarar como investigada en septiembre, pero aquella citación se suspendió.
En este sentido, el archivo del procedimiento penal contra la directora general llega después de que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), al revisar la decisión del Juzgado de lo Contencioso, se pronunciase a favor del Govern considerando que la medida fue adecuada. A pesar de ello, De la Fuente ha sostenido que la decisión del Govern fue «ilegal», ya que ha explicado que su hijo y su grupo llegaron el 24 de junio a Mallorca y fueron «detenidos» el 25 «como consecuencia contagios ocurridos por otros grupos el día 18». «Con respecto a mi hijo y a su grupo, no voy a admitir que esa decisión fuera adecuada», ha subrayado. La madre de este estudiante, que también es abogada, ha lamentado que "el Tribunal Supremo no ha podido valorar el fondo del asunto", dado que el pronunciamiento del TSJIB sólo podía ser recurrido por el propio Govern y la Fiscalía, y ninguno de ellos lo impugnó.