La juez al frente del Juzgado de Instrucción 12 de Palma ha archivado este martes por la mañana las denuncias de diez padres contra la directora general de Salut Pública, Maria Antònia Font, por el confinamiento forzoso de estudiantes por el macrobrote de COVID vinculado a los viajes de estudios. La resolución se basa en la sentencia del TSJIB que avaló este confinamiento y sostiene: «En el ámbito penal tampoco concurren indicios de detención ilegal y de prevaricación administrativa».
El confinamiento en el hotel Palma Bellver fue ordenado el 27 de junio ante la existencia del macrobrote de COVID. Esta decisión fue revocada más tarde por una juez de lo Contencioso y, a partir de ahí se produjeron las denuncias de los padres contra Maria Antònia Font. Los jóvenes regresaron a la Península pero, más tarde, el TSJIB aceptó el recurso del Govern y consideró justificados los confinamientos. La historia no está cerrada en el ámbito contencioso porque la Fiscalía mantiene recurrido el asunto en el Supremo donde aún sostiene que el encierro fue desproporcionado.
Sin embargo, en la vía penal el margen es más estrecho. La juez sostiene que se dictó una resolución fundada: «La inexistencia de una prueba objetivada de haber sido positivo o contacto estrecho no era necesaria en este caso por motivo de salud pública. El hecho de no realizar las pruebas no lo convertía en decisión arbitraria y en una detención ilegal».
La decisión implica el sobreseimiento libre de las actuaciones, aunque la decisión puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial por parte de las familias. Font llegó a estar citada como investigada el pasado mes de septiembre pero su interrogatorio fue suspendido.
Este martes, la consellera de Salut, Patricia Gómez, ha valorado en el Parlament que la juez no ha encontrado «ni indicios ni delito» y, por lo tanto, la causa judicial ha quedado sobreseída. «Me acuerdo de todas las críticas que ustedes hicieron --en relación al PP-- tanto de la directora general como de nuestra gestión», ha remarcado.