La juez al frente del Juzgado de Instrucción 12 de Palma ha archivado este martes por la mañana las denuncias de diez padres contra la directora general de Salut Pública, Maria Antònia Font, por el confinamiento forzoso de estudiantes por el macrobrote de COVID vinculado a los viajes de estudios. La resolución se basa en la sentencia del TSJIB que avaló este confinamiento y sostiene: «En el ámbito penal tampoco concurren indicios de detención ilegal y de prevaricación administrativa».
El confinamiento en el hotel Palma Bellver fue ordenado el 27 de junio ante la existencia del macrobrote de COVID. Esta decisión fue revocada más tarde por una juez de lo Contencioso y, a partir de ahí se produjeron las denuncias de los padres contra Maria Antònia Font. Los jóvenes regresaron a la Península pero, más tarde, el TSJIB aceptó el recurso del Govern y consideró justificados los confinamientos. La historia no está cerrada en el ámbito contencioso porque la Fiscalía mantiene recurrido el asunto en el Supremo donde aún sostiene que el encierro fue desproporcionado.
Sin embargo, en la vía penal el margen es más estrecho. La juez sostiene que se dictó una resolución fundada: «La inexistencia de una prueba objetivada de haber sido positivo o contacto estrecho no era necesaria en este caso por motivo de salud pública. El hecho de no realizar las pruebas no lo convertía en decisión arbitraria y en una detención ilegal».
La decisión implica el sobreseimiento libre de las actuaciones, aunque la decisión puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial por parte de las familias. Font llegó a estar citada como investigada el pasado mes de septiembre pero su interrogatorio fue suspendido.
Este martes, la consellera de Salut, Patricia Gómez, ha valorado en el Parlament que la juez no ha encontrado «ni indicios ni delito» y, por lo tanto, la causa judicial ha quedado sobreseída. «Me acuerdo de todas las críticas que ustedes hicieron --en relación al PP-- tanto de la directora general como de nuestra gestión», ha remarcado.
PepEstimados Sres. Les puede gustar o no mi opinión y poner en duda mis "doctorados en Derecho Constitucional" (que por cierto no tengo). Pero no es mi opinión, es la del Tribunal Constitucional que ha tumbado los DOS ESTADOS DE ALARMA. se supone que ellos sí saben al respecto. Mi comentario simplemente señala que los gobiernos (nacional, autonómicos, local y de la comunidad de vecinos), están tomando medidas sin ningún respaldo legal, simplemente porque el político de turno lo decide. Y de esto a la dictadura hay nada, bueno más bien ya es una dictadura. Que a Uds. porque cobran de esos gobiernos o porque consideran que las medidas son correctas les parece bien. Yo no "valoro" si las medidas son adecuadas o no. Simplemente digo que no están ajustadas a derecho. Que el gobierno central declare el estado de sitio y empezamos a hablar. Pero si les "molan" los gobiernos que no cumplen las leyes y pretenden que los ciudadanos las cumplan, pues disfruten de lo votado.