La Fiscalía reclama condenas de un año medio de cárcel por un delito contra la ordenación del territorio al dueño de una finca por intentar construir una piscina en una zona protegida. Además del propietario, también están acusados el arquitecto que se ocupaba de las obras y el responsable de la empresa constructora.
La actuación se llevaba a cabo en un pueblo de la Serra, en unos terrenos afectados por el Plan de Ordenación de Recursos Naturales del espacio. El propietario de la finca había solicitado licencia del Ayuntamiento para arreglar un safareig que estaba construido ya cuando adquirió el inmueble y que, por lo tanto, era legal.
Sin embargo, cuando la Guardia Civil y los inspectores municipales revisaron la obra se encontraron con que se estaban instalando los elementos típicos de una piscina: filtros, hueco para construir una depuradora y el resto de elementos necesarios para esta instalación. Los hechos se denunciaron y ahora llegan a juicio. Además de la pena de prisión para los tres acusados, el ministerio público reclama también una importante sanción económica, la demolición de la obra ilegal y penas de inhabilitación de hasta tres años para el arquitecto y el constructor.
Vista previa
Un juzgado de lo Penal de Palma había señalado una vista previa al juicio para el día de ayer. Los tres acusados defienden su inocencia y rechazan que llevaran a cabo obras más allá de la licencia que habían obtenido para arreglar el estanque de la finca. En todo caso, sus defensas plantean que se trataría de una tentativa y no de un delito consumado ya que el terreno se ha devuelto a su estado previo sin que se llegara a terminar piscina alguna.
Ante la falta de acuerdo entre las acusaciones y las defensas, el juzgado ha señalado la vista para el próximo mes de noviembre.
Cada año en Balears llegan a juicio una decena de delitos contra la ordenación del territorio, que se suman a las actuaciones que lleva a cabo el Consell Insular y el departamento de disciplina urbanística. La gran mayoría de asuntos desemboca en la demolición de las obras ilegales. En el último ejercicio del que el ministerio público dispone de datos, 2019, se incoaron 12 asuntos.