El Govern balear y el Gobierno estatal han llegado a un acuerdo interpretativo con el que se evita un recurso de inconstitucionalidad al decreto 9/2020 de protección del territorio, aprobado el pasado mayo.
Las discrepancias con el Estado respecto a este decreto hacían referencia al artículo que establece que las reclasificaciones de suelos urbanizables no darán lugar a indemnización, «de acuerdo con lo establecido en la legislación estatal».
El decreto, aprobado durante el estado de alarma por el COVID-19, protege 400 hectáreas de suelos urbanizables y 200 de los conocidos como falsos urbanos. Según han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo autonómico, el grupo de trabajo bilateral alcanzó un acuerdo interpretativo este mismo martes, y el que el artículo cuestionado no será alterado.
De este modo, no se llevará a cabo la comisión bilateral prevista en este tipo de procedimientos, de la que informaban este mismo jueves el Boletín Oficial del Estado (BOE) y el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma (BOIB).
Los dos boletines anunciaban también el inicio de las negociaciones por discrepancias respecto a varios artículos del decreto de medidas COVID-19 (8/2020), un texto que incluía medidas de diferentes ámbitos -la más conocida, la ampliación de hoteles mediante declaración responsable-.
Sin embargo, la comisión tampoco se celebrará por el momento. La resolución publicada este jueves data del 11 de septiembre, pero el pasado 29, este mismo martes, el Parlament aprobaba la ley derivada de la tramitación del decreto.
El procedimiento parlamentario ha modificado algunos de los artículos señalados por el Gobierno estatal, aunque no todos. Por este motivo, el Gobierno y la Comunidad han acordado analizar directamente la nueva ley aprobada ya por el Parlament.