El defensor del pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha iniciado actuaciones con varias comunidades autónomas, entre ellas Baleares, para conocer qué medidas están adoptando para abordar posibles casos importados de la COVID-19, en el contexto de la inmigración irregular.
Según explica la institución este miércoles, la situación planteada con la llegada de pateras tras el cese del estado de alarma preocupa al defensor del pueblo, que se ha dirigido a las consejerías de Sanidad de Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana, Baleares y Región de Murcia y ha dado traslado de dichas actuaciones al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Las cinco regiones registran desde hace años el mayor número de llegadas de extranjeros en situación irregular, y desde el cese del estado de alarma cientos de personas han sido rescatadas y se han activado operativos de respuesta humanitaria, que es una competencia estatal, recuerda el defensor.
Pero la institución cree que la situación provocada por la pandemia necesita, junto a esa respuesta humanitaria, medidas complementarias en el ámbito sanitario, que son competencia autonómica para garantizar el adecuado seguimiento y control de eventuales contagios.
Asimismo, ha pedido información a las comunidades autónomas sobre los lugares de alojamiento designados, en coordinación con la Administración General del Estado, en aquellos casos en los que no se realice la derivación urgente a centro hospitalario.
El defensor explica que ha recibido quejas reiteradas procedentes de Andalucía, que aseguran que se están produciendo casos de personas que en este momento se encuentran en situación de calle en Almería, tras haber llegado en patera 72 horas antes y que son puestas en libertad, al no haber hecho las autoridades andaluzas las pruebas PCR necesarias para ingresar en el sistema de acogida.
Según las quejas recibidas, estas personas no habrían sido derivadas a ningún servicio de asistencia, ni habrían recibido información sobre los recursos de acogida existentes o sobre las medidas de higiene necesarias para frenar la transmisión del coronavirus.
La institución envió un escrito al consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía el pasado 27 de julio para conocer si las personas migrantes que estaban llegando a sus costas habían necesitado asistencia sanitaria específica y reiteró dicha petición el 7 de agosto.
Para el defensor es urgente que la autoridades sanitarias andaluzas, en coordinación con el Gobierno, clarifiquen el protocolo sanitario que se sigue a la llegada a costas de las pateras.
La institución insiste una vez más en que la asistencia letrada no se puede convertir en una mera asistencia formal en el procedimiento y ha informado al Consejo General de la Abogacía de esa carencias.
Otras quejas relatan varios casos en los que inmigrantes llegados a Canarias habrían sido alojados en dispositivos temporales sin haber recibido una atención jurídica adecuada.
Recuerda que la asistencia letrada que, a través del turno de oficio, reciben los extranjeros que llegan a nuestras costas debe garantizar que se recibe un asesoramiento individualizado, con presencia de intérprete y que la persona comprende los derechos que le asisten y, en su caso, garantizar que su solicitud de protección internacional queda registrada de manera inmediata.
Para el defensor, la dispersión de competencias en materia de gestión migratoria y la ausencia de una coordinación eficaz entre los distintos niveles de administración del Estado, hacen que la crisis de la COVID-19 convierta la acogida de inmigrantes en una suerte de carrera contra el tiempo, que no solo no ofrece respuesta a los problemas de fondo, sino que tampoco logra armonizar adecuadamente la protección de los derechos de las personas extranjeras.