La COVID-19 le vino grande a la ciencia. Y a los políticos. Aún hoy, ignoramos cómo se trasmite, cómo nos inmunizamos, cuán virulento es, por qué azota unos lugares más que a otros. Tenemos ideas, pero muy aproximadas.
No culpo a los políticos de haberse equivocado siguiendo a los científicos, pero sí de no haber confesado su ignorancia e impotencia. Nos dijeron una cosa y la contraria siempre con cara de saberlo todo, de certeza absoluta, trasmitiendo la impresión de que eran verdades irrefutables. El escepticismo siempre fue tratado como la postura de los descerebrados. Hoy mismo, en cada país –en el nuestro, incluso en cada región– ofrecen diagnósticos diferentes con igual seguridad.
La explicación de estas conductas no está en el virus sino en el poder. El poder ha de ser preservado, incluso cuando es inútil, incluso cuando entiende tan poco como nosotros.
¿Recuerdan con qué contundencia nos decían en enero que tenían protocolos bien definidos para cada situación? Cuando se decidió concentrar el poder en el Consejo de Ministros, se adujo que así se aplicarían criterios homogéneos. La misma contundencia con la que después se traspasó de nuevo el protagonismo a las autonomías. Se trataba de hacer algo contra el virus pero, sobre todo y fundamentalmente, de simular que el poder sabía lo que hacía. Aunque un día hiciera exactamente lo contrario que el día anterior.
En España, tanto el Gobierno central como los ayuntamientos tienen poderes conocidos e históricos, pero las autonomías luchan desesperadamente por crearse un hueco. Incluso disponiendo de la enseñanza y la sanidad, siguen en la necesidad de reafirmarse, de demostrar que son útiles. Es la prioridad de un político, del partido que sea. Recuerdo un conseller que vivía desesperado por poner carteles, hacer convocatorias, dar ayudas, por todo lo que hiciera visible a la institución. Hoy este político estaría encantado de ver la página de Armengol en los periódicos enumerando las sanciones que nos impondrá si desacatamos sus órdenes. Da igual si tiene competencias para hacerlo: los ciudadanos observamos que Francina multa, que tiene el poder coercitivo del Boletín Oficial detrás, que manda. Aquí se trata de que la representación pública del poder impacte en el ciudadano.
Un amigo mío que acompañó a Felipe González al liderazgo socialista me contaba que Felipe edificó su estructura de poder sobre los mismos cimientos que Franco. Y Francina sobre los de Cañellas. Y Pablo Iglesias se refugia en una urbanización igual a las de todos los vicepresidentes que ha tenido el país, protegido por los mismos guardia civiles, repitiendo incesantemente la recurrente representación del poder.
La decisión autonómica de obligar al uso de la mascarilla probablemente esté bien. Pero es evidente que no se aplica por prevención sino por ejercer el poder. Si no, ¿por qué no ordenaron su empleo en febrero y marzo, cuando en otros países ya se usaba masivamente y aquí, los mismos nos decían que no era necesaria? ¿Por qué no se aplica en media España y sí en la otra mitad? ¿Es que el virus diferencia? ¿Por qué no se aplica en los paseos marítimos y sí treinta metros más adentro? Dice Armengol que el problema no es usar las mascarillas sino que haya un rebrote. Es verdad, pero eso no aclara por qué en la playa o en los paseos marítimos no hay riesgos. Ni explica que no tengamos controles en los aeropuertos o por qué algunos países advierten de los viajeros que vienen de Catalunya y nosotros, en cambio, los dejamos entrar a todos, como en su momento dejábamos entrar a los italianos. La lógica de nuestro Govern es la misma que llevó al alcalde de Vigo a hacer unidireccionales dos calles peatonales de su ciudad: que se vea que existe para algo, aunque probablemente la decisión sea inútil. ¿No es una buena idea para Palma?
Aquí se trata de que si no hay un rebrote, tengamos un gobierno a quien agradecerle alguna decisión. Porque una institución política ha de justificar su existencia. Especialmente cuando no sirve para nada. Como en realidad su capacidad para resolver problemas roza el cero, como quienes la gestionan son incompetentes, como únicamente saben escribir normas en el Boletín Oficial, no queda más remedio que acudir a lo de siempre, a la exhibición del poder, mostrando la gama de sanciones, las multas.
Ya Sánchez e Iglesias usaron el mismo mecanismo, hasta que alguien les recordó que no parece muy progresista que sean generales quienes den las ruedas de prensa de la lucha médica contra una epidemia. Pero es que entre ser ‘progre’ y exhibir el poder, optan por lo segundo sin pestañear.