Diputado de JxCat, abogado de Carles Puigdemont y catedrático de Derecho, Jaume Alonso-Cuevillas abrió este viernes en Palma la Setmana pels Drets Lingüístics que organiza la Obra Cultural Balear. Asume ahora la defensa de Paula Rotger, que denunció a un guardia civil porque le impidió el paso supuestamente por hablar en catalán y llevará el caso ante el Tribunal de Derechos Humanos de la UE.
¿Por qué acude a Europa ?
—Hemos agotado la vía previa española. Paula Rotger tiene un incidente en el aeropuerto, interpone denuncia por un delito de coacciones y contra la integridad moral. El juzgado de Instrucción incoa y sobresee en unidad de acto, intervengo para hacer el recurso de apelación y la Audiencia lo rechaza y, cuando el juzgado dice que los hechos no son típicos, nos dice que son inverosímiles. Y lo que pedimos es que se investigue. Como vemos que en España no se va a aceptar decididimos ir a Europa y ya hemos agotado la vía hasta el Constitucional.
¿Entiende que España no respeta las minorías lingüísticas?
—Todo esto se superpone en el informe que hace el relator de la Naciones Unidas sobre las minorías en marzo. Uno de los temas que enfatiza son las minorías lingüísticas. A nivel legislativo entra en las grandes dificultades que justiciables y abogados tenemos para poder hablar en catalán y otras lenguas minoritarias. Destaca de forma singular el hecho de que en la práctica se dificulta mucho el uso de derechos lingüísticos ante la administración, de autoridades policiales, como es el caso de Paula Rotger.
A una juez de Baleares le pusieron una queja por una sentencia en catalán, ¿pasa igual en Catalunya?
—Menos, pero sí de vez en cuando, pero de vez en cuando te encuentras a un juez beligerante. Es una cuestión ideológica. La ONU pone los derechos lingüísticos en primera división de los derechos de no discriminación.
¿Pedirá entonces una condena a España por vulnerar derechos lingüísticos?
—Se ha vulnerado ese derecho y también el derecho a la tutela judicial efectiva, que ha sido una vulneración instrumental. Cuando el objeto de la denuncia es un derecho lingüístico, los tribunales no se lo toman en serio.
Hay grupos políticos que presionan en la dirección opuesta.
—Prácticamente en los cuatro mayoritarios. Este lunes hubo votación en el Congreso para nombrar la Junta Electoral Central. La terna era una propuesta conjunta de PP, PSOE, Vox y Unidas Podemos... Vox incluido, no se le hace cordón sanitario. Cuando hablamos de cuestiones que afectan a las minorías nacionales, las posturas son muy similares.
Ha conseguido que el cambio de los límites para las instrucciones penales se llame ‘ley Cuevillas'
—Hasta 2015 la instrucción era ilimitada. La experiencia nos decía que duraban años y años. La ley Catalá fue una chapuza desde un punto de vista legislativo: al final cada juez interpreta como le da la gana, no sirve para nada. Además permite la impunidad de muchos casos de corrupción por el límite de seis meses. Podemos propuso una derogación y eso suponía volver al modelo de 2015. Intervine para decir que no nos gusta la impunidad, pero tampoco volver a una situación en la que no se respetan los derechos del justiciable. No es admisible mantener a un ciudadano imputado durante un largo periodo porque el proceso es una pena en sí mismo. La sorpresa la tengo cuando al día siguiente me llaman del Ministerio: nos ha convencido tu enmieda. Al final se pone un plazo, como la justicia no funciona como debe es de doce meses, aunque me parece que lo ideal son seis. También hay cambios sustanciales: se da trámite a todo el mundo, no solo al fiscal y el juez debe motivar por qué no ha podido acabar y qué diligencias tiene que hacer. Hacienda puede en seis meses, dotemos a la Justicia de esos medios y entonces podrá.
¿Hay tanta tensión en el Congreso?
—La hay, la hay. No quiere decir que luego las relaciones personales puedan ser buenas cuando te ves en la cafetería. Pero la tensión es grande, bronca. Vox ha contagiado a los otros grupos de la derecha. No vamos a parlamentar, vamos a monologar porque los votos están decididos. Es decimonónico el sistema parlamentario español.
¿La crisis de la COVID ha puesto en cuarentena el conflicto catalán?
—El conflicto existe, está aderezado por una sentencia injusta, porque hay gente en la cárcel. Subsiste y permanece. Es un punto de no retorno: o el Estado es capaz de reprimir la disidencia, que no creo que pueda o Catalunya será independiente.