La actividad presencial a los centros escolares regresa este miércoles con la reincorporación del personal docente para, entre otros asuntos, atender tutorías con especial atención a los alumnos que cambian de ciclo.
El conseller de Educación, Martí March, ha detallado este martes en una comparecencia en el Parlament el protocolo que ha entrado en vigor para la desescalada en el sector educativo durante la fase 2. March ha destacado que el documento guía de la desescalada se ha llevado a cabo «con el máximo consenso posible» con todos los agentes educativos.
En este sentido, la realización de tutorías, ha señalado March, priorizará a los alumnos que han presentado más dificultades durante el periodo de confinamiento y se abrirá al resto de alumnos en la fase 3.
El conseller ha señalado que la desescalada en el sector educativo incide en la planificación del retorno a las aulas con las garantías sanitarias, en el trabajo organizativo de los centros, así como en el acompañamiento educativo y el regreso «del vínculo educativo».
March ha defendido que el criterio básico ha sido siempre el sanitario y el pedagógico porque, ha reconocido, ha habido alumnos que se han quedado «descolgados» y existe la «obligación moral» de mantener el contacto con esos alumnos.
En cuanto a la fase 3, March ha adelantado que se propondrá la apertura de las escoletes que dependen de la Conselleria y la realización de tutorías para todos los niveles.
El conseller de Educación, Martí March, ha señalado que la prioridad del Govern es «mantener el derecho a la educación» en un inicio de curso que, ha reconocido, «estará lleno de incertezas e interrogantes».
March ha apuntado, además, que el próximo curso la digitalización, que ha demostrado ser capital en el estado de alarma, será uno de los ejes del nuevo curso y que se llevarán a cabo formaciones en este sentido para el personal docente. La digitalización, ha dicho March, «está aquí y ha llegado para quedarse».
March ha aprovechado su comparecencia para pedir al Gobierno central una «partida económica COVID-19» para encarar el próximo curso.
En todo caso, ha indicado que su departamento trabaja en tres escenearios, normalidad, semipresencialidad, confinamiento, en función de la evolución de la pandemia.
March ha adelantado que el próximo curso habrá comisiones específicas con los directores de los centros y con la participación de los centros concertados y a las asociaciones de profesores.
Participarán también, ha señalado, los sindicatos, las familias de la escuela pública y concertada, con la «máxima participación» porque es la única «forma real» de conseguir una planificación real y eficaz.
La diputada de Unidas Podemos Gloria Santiago ha coincido con March a la hora de presentar la «digitalización», crucial para el desarrollo de las competencias y ha destacado que la «equidad educativa» debe guiar la vuelta a las aulas y el nuevo curso, ya que «muchos estudiantes se van a ver afectados negativamente por la crisis económica, lo que podría suponer que dejen sus estudios o que sus familias no los puedan pagar».
Santiago ha pedido, además, ayudas a la vivienda para estudiantes que esta temporada no podrán trabajar, así como el «blindaje» de la escuela pública.
Por su parte, la diputada del Grupo Mixto Silvia Tur ha criticado, sobre los niveles de cero a tres años, las «incógnitas» que dejan las instrucciones así como la disparidad de criterios en función de la dependencia de los centros.
Tur se ha interesado por el volumen que necesitaría la partida COVID-19 que ha planteado March así como si está previsto contratar más docentes ante la previsible bajada de ratios.
En este sentido, planteado por otros grupos, el conseller Martí March no ha aclarado si el próximo curso se contratará a más docentes aunque sí ha reconocido que los recursos son «limitados».
El portavoz de Vox, Jorge Campos, ha pedido a March que se fije en otras Comunidades Autónomas u otros países que ya han vuelto a las aulas con «buenos resultados» y ha acusado al conseller de tumbar todas las propuestas de su grupo para «luego incorporarlas en sus iniciativas». Campos ha acusado a March de «perjudicar la conciliación» por no actuar después de dos meses de la declaración del estado de alarma.
En este sentido, la diputada del PP Nuria Riera, también ha lamentado la «falta de medidas de conciliación» y ha señalado que «no basta hablar de consenso sino llevarlo a cabo y dar explicaciones». Riera ha criticado la inactividad de Educación, que se ha visto «compensada» por el trabajo de los directivos y los docentes. La diputada popular ha señalado que los alumnos y los profesores «necesitan y merecen» saber cuándo podrán volver a las aulas.
Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Patricia Guasp ha criticado que la vuelta a las aulas se va a producir «de espaldas a la comunidad educativa». Para Guasp, el Govern y Educación «ha actuado a golpe de presiones» y han faltado concreción y certezas ante unas instrucciones que «no fueron claras para los directores» y tampoco lo son ahora.
El diputado de Més per Mallorca Joan Mas ha pedido la implicación del Gobierno central, que tiene que ser, a su parecer, «corresponsable» a nivel presupuestario.
Mas ha pedido que se «deje a los profesores hacer su trabajo, que son los que más saben».
La diputada del PI Lina Pons ha lamentado que la conselleria de Educación no ha sabido crear el clima de «confianza y seguridad» idóneo con el sistema educativo.