Los funcionarios están obligados a cogerse las vacaciones en julio y agosto, salvo excepciones de servicio. Así lo ha aprobado este miércoles el Govern, en un Consell de Govern extraordiario para dar el visto bueno a un decreto ley de medidas urgentes para hacer frente a la crisis que ha provocado la pandemia del coronavirus.
La consellera d'Afers Socials, Fina Santiago, ha justificado esta decisión del Ejecutivo autonómico por si hay un repunte de la COVID-19 en otoño, tal y como están alertando los expertos. El período ordinario de vacaciones es el comprendido entre el 1 d junio y el 30 de septiembre y este año será entre el 1 d julio y el 30 agosto.
La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha explicado el segundo eje del plan de reactivación económica aprobado este miércoles hará más flexible la administración y el cuerpo de funcionarios. De este modo, los empleados públicos podrán trabajar en otros departamentos.
Santiago ha precisado que se flexibiliza el cambio de departamentos para reforzar los más necesarios. En este sentido, ha señalado que la declaración responsable que será válida para iniciar algunas actividades (obras en edificaciones ya existentes en suelo urbano, etc.) requiere más inspecciones, por lo que los inspectores podrán inspeccionar cualquier tipo de situación.
Además, ha avanzado que se facilitará la contratación de empelados públicos en el SOIB y en el departamento que tramita la renta social garantizada, ya que tendrán más demanda.