El Govern movilizará 3.500 millones para reactivar la economía y 31.000 empleos a tiempo completo durante todo el año. El objetivo es hacer frente al impacto económico que ha tenido nuevo brote de coronavirus en Baleares.
Así lo ha anunciado este miércoles la presidenta del Govern, Francina Armengol. Además, ha insistido en la necesidad de no relajarse porque «el virus sigue matando». La presidenta ha reiterado la necesidad de respetar las distancias de seguridad.
Armengol ha explicado que este decreto Ley se articula en cuatro ejes. En primer lugar, establece una forma de relación más ágil de la administración con los sectores productivos, reduciendo trámites y ampliando la declaración responsable.
En segundo lugar, se hará más flexible la administración y el cuerpo de funcionarios. Así, los funcionarios podrán trabajar en otros ámbitos.
En tercero, se reducirán a un tiempo mínimo la tramitación de las subvenciones y ayudas, se establece una prestación compensar la atención a las personas con dependencia y se dará apoyo a industrias locales que puedan fabricar material sanitario.
En cuarto lugar, se fijan medidas para fomentar sectores clave. Son acciones que se podrán hacer sólo durante los próximos 18 meses.
La presidenta ha anunciado que todas estas medidas forman parte de un plan mucho más amplio, en el que se encuentran actuaciones como los ERTE. En las próximas semanas se conocerán más medidas de reactivación de la economía, que ha señalado que se consensuarán con los sectores económicos y la oposición.
El vicepresidente Económico, Juan Pedro Yllanes, ha explicado que se reactivará la construcción enfocada a la vivienda. En primer lugar se establece la declaración responsable para obras en suelo urbano, excluyendo las de nueva planta, entre otras. Además, deberán incluir medidas de eficiencia energética.
También se eliminan las limitaciones de ruidos a las obras previstas para el verano, únicamente se mantendrá esta medida durante el verano de 2020. No obstante, ha advertido que «la crisis no nos puede justifica volver a un modelo de construcción expansivo».
Además, se plantea una agilización de la concesión de licencias. La licencia previa no será necesaria en las obras en edificaciones existentes en suelo urbano, siempre que se presente una declaración responsable y un proyecto. Cambios estructurales, reformas internas o demoliciones son algunos de los ejemplos que ha citado Yllanes.
En relación al sector turístico, se permitirá el cambio de uso de instalaciones turísticas obsoletas y de zonas maduras (Palma y Calvià) para pasar a ser viviendas protegidas, equipamientos de servicios sociosanitarios o en equipamientos científicos o de investigación. Los ayuntamientos tendrán que dar el visto bueno, así como una mesa en la que también estarán los agentes sociales.
Además, los establecimientos turísticos podrán creer un 15 %, siempre que no aumenten plazas ni alturas, a cambio de instalar medidas de eficiencia energética como plazas de recarga eléctrica en los aparcamientos, etc. Los establecimientos de restauración o lúdicos que cumplan los requisitos también se podrán acoger.
Cabe destacar que se prohíben los autodispensadores de alcohol en los hoteles. Además, tendrán que abonar un 5 % al ayuntamiento correspondiente. Estas medidas estarán en vigor hasta el 31 de diciembre de 2021.
Yllanes también ha destacado que se declaran estratégicos el transporte y todas las infraestructuras relacionadas con estas actividades. En este sentido, se impulsará la movilidad sostenible y se clarifica el procedimiento para la tramitación de proyectos ferroviarios y tranviarios y se simplifican los trámites.
En medio ambiente, se agilizan los trámites y se impulsa la inspección del ciclo de agua para evitar vertidos. Además, se retrasa la aplicación de los productos de un solo uso (plásticos, etc.), prevista en la Ley de Residuos los días que dure el estado de alarma. «Primero se deberá de dar salida al excedente de fabricación actualmente en stock».
En relación a la fiscalidad, se suprimen el pago adelantado de la ecotasa, pero los turistas que vengan sí tendrán que abonarla. Además, el dinero de los proyectos no iniciados se destinará a sanidad y a la recuperación de las Islas. Cabe destacar que también se reducen al 50 % las tasas portuarias para restablecer el servicio de mercancías.
La consellera d'Afers Socials, Fina Santiago, ha explicado las medidas sociales. En relación a los trabajadores públicos, se flexibiliza el cambio de departamentos para reforzar los más necesarios.La declaración responsable requiere más inspecciones, por lo que los inspectores podrán inspeccionar cualquier tipo de situación. Además, se facilitará su contratación en el SOIB y en el de renta social garantizada. Por ello, piden que cojan las vacaciones en julio y agosto por si hay un repunte de la COVID-19 en otoño.
El depósito de fianza de los contratos de alquiler se elimina como requisito para solicitar la ayuda económica de alquiler porque los propietarios muchas veces no lo depositan en el Govern y los inquilinos no pueden acceder a las ayudas que se publican.
Santiago ha informado que se agilizan la acreditación de todos los servicios que se tengan que concertar y se puedan poner en funcionamiento. En materia de dependencia se agiliza el plan de atención a la dependencia para reducir los plazos, bastará la firma del trabajador social. Se establece una prestación económica extraordinaria para cuidadores de personas que no pueden asistir a los centros de día, ya que no se sabe cuando podrán reabrir. Las ayudas irán desde los 143 euros para el grado 1 hasta los 290 euros para el grado 3 (la dependencia más alta).
Principales medidas:
· Los hoteles, negocios de restauración y establecimentos de ocio podrán ampliar en un 15 % su superficie construida siempre que no amplíen plazas o aforo y que ni incremente su altura.
· Podrán cambiar de uso hoteles obsoletos de la Playa de Palma y Calvià para transformarse, con el permiso del los ayuntamientos, en viviendas de protección oficial, centros sociosanitarios o dependencias para actividades científicas y de innovación.
· Se habilita una nueva prestación temporal de 290 euros mensuales para personas dependientes que se han quedado sin la asistencia que recibían en centros de día.
· La prohibición de productos de plástico de un solo uso a partir del 1 de enero del año próximo se aplaza tanto tiempo como se prolongue el estado de alarma.
· Quedan prohibida la concesión de licencias para el alquiler vacacional de viviendas unifamiliares en Palma hasta el 31 de diciembre de 2021.
· Se incentiva la movilidad de funcionarios para el refuerzo de servicios cuando sea necesario.
· La declaración responsable del promotor será suficiente para le inicio de una actividad y para obras de reforma, rehabilitación, acondicionamiento energético, etcétera.
· La prohibición general de obras en verano para evitar los ruidos molestos se suspende, aunque los ayuntamientos pueden mantenerla si lo consideran necesario.
· Reducción de trámites administrativos para la percepción de subvenciones, prestaciones y ayudas.
· Los proyectos de energías renovables podrán declararse estratégicos en cualquier punto de su tramitación para agilizar su ejecución.
· Se recortan trámites para el desarrollo de actuaciones en materia de transporte público.
· Simplificación de los trámites para el acceso a las ayudas públicas por parte de los arrendatarios de vivienda.
· Supresión del pago a cuenta del impuesto a los turistas y modificación del destino de los fondos no asignados para atender la crisis de la COVID-19.