El Govern balear pedirá al Gobierno central que las empresas que se hayan acogido a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor puedan pasar a ERTE por causas productivas y que las bonificaciones que se derivan de ellos se mantengan más allá del estado de alarma por la pandemia de coronavirus, durante 6 meses.
La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha anunciado que esta petición al Gobierno se ha acordado en la reunión de diálogo social con patronales y sindicatos celebrada este miércoles para hacer un seguimiento de las medidas adoptadas para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19.
Armengol ha ceñido la petición al sector servicios, porque dada la dependencia de la economía balear del turismo será previsiblemente el más afectado por la crisis de la COVID-19 y es un sector «que da empleo a unas 200.000 trabajadores, en hostelería, comercio, restauración y transporte».
«Como islas, tenemos planteamientos diferentes en algunas cuestiones y nuestro modelo económico esta muy ligado a la actividad de servicios y al turismo, por lo que dependemos de cuestiones muy externas a nosotros y será más complicado tirar adelante», ha dicho Armengol.
El Govern pedirá al Gobierno que en este sector «tan importante para la comunidad autónoma», los ERTE de fuerza mayor se mantengan más allá del estado da alarma, al menos seis meses, y que las empresas puedan tener bonificaciones de las cotizaciones a la Seguridad Social durante ese período «para poder mantener el tejido social».
Lo que pedirá el ejecutivo balear es que el Gobierno central asuma el coste de esas cotizaciones, pero si no lo acepta, el Govern arbitraría poder financiar el crédito para que las empresas puedan asumir esas cotizaciones a la Seguridad Social.
La propuesta es plantear que, «de forma masiva», las empresas puedan pasar los ERTE de fuerza mayor a ERTE de causas productivas y que el Estado pague las cotizaciones, para que «los trabajadores puedan seguir cobrando aunque entren en ERTE de fuerza productiva y a la vez las empresa puedan tener bonificaciones estatales», ha detallado la presidenta.
La intención es «proteger que pueda haber actividad económica lo antes posible y que puedan acogerse a un ERTE flexible, «que entren y salgan», ha agregado Armengol, para que sigan manteniendo el acceso a las condiciones extraordinarias que suponen esos expedientes.
Armengol ha destacado que este «gran acuerdo en la mesa de diálogo social» busca «mantener el empleo en la comunidad autónoma y dar posibilidad de salvación a muchísimas familias, proteger a los trabajadores y a las empresas».
«Es una situación complicada pero tenemos que dar instrumentos a la empresas para mantenerse vivas y para proteger a los trabajadores hasta que no podamos reactivar de forma alta la economía», ha insistido.
El conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, ha precisado que el objetivo es que de esa manera las empresas que lo necesiten puedan mantenerse en situación de ERTE y que «mientras haya restricciones de cualquier tipo se mantenga la fuerza mayor».
Ha detallado que, por ejemplo, si una vez finalice el estado de alarma, se mantienen restricciones a viajar o a salir, las empresas puedan mantener esa condición y los trabajadores siguen teniendo acceso a prestaciones.
Negueruela ha dicho que el Govern fundamenta la petición en que prevé que tras el estado de alarma, la demanda caiga, y quieren que si las empresas pueden pasar a ERTE productivos, «tengan la misma protección» y «que no haya ni un día en que empresa pueda tener altas sin tener actividad, lo que generaría descapitalización de las empresas».
El conseller cree que es viable el paso de un tipo de ERTE a otro «porque la caída de la demanda es tal que no se va a recuperar», de manera que «hay causa para pasar de ERTE fuerza mayor a productivo».
Negueruela ha adelantado que eso requiere flexibilidad y agilidad en la tramitación porque los casos serán miles. «Si ahora tenemos que trabajar en 18.000 ERTE, tendremos que hacer otros 8.000 o 10.000», ha afirmado sobre las cifras de ERTE ya registrados en Baleares, y lo que supondrá en tramitación el paso de una modalidad a la otra.
El segundo punto acordado este miércoles por la mesa de diálogo social es recomendar el aplazamiento de un año en la entrada en vigor de las subidas salariales de los convenios de hostelería, comercio y transportes.
En tercer lugar, el Govern ha acordado con sindicatos y patronales que, para aquellas empresas que no puedan volver a la actividad rápido, se establecerán «nuevas fórmulas de formación a los trabajadores», para capacitarlos en cuestiones como las tecnologías.