La crisis sanitaria del COVID-19 va acompañada de una crisis económica y social. El Gobierno y las empresas han empezado a poner sobre la mesa planes de emergencia que, principalmente, se orientan a reducir el impacto sobre puestos de trabajo, cadenas de producción y distribución y la propia solvencia de las empresas. Todos los sectores están afectados y expuestos al riesgo de que los problemas de liquidez muten en problemas de solvencia. Evitar ese riesgo, que no distingue sector ni tamaño de la empresa, es también una prioridad. Solamente garantizando la solvencia de las empresas será posible, llegado el momento, reactivar la actividad, el empleo y atender las obligaciones.
Por ello, como presidente de la Agrupación de Cadenas Hoteleras (ACH) lamento, por varios motivos, que el Gobierno del Estado haya introducido un filtro de facturación para acogerse a las medidas que ha desplegado.
Primero, porque si el objetivo es evitar que empresas solventes dejen de serlo, como consecuencia de las circunstancias actuales, la facturación jamás ha sido considerada una ratio de solvencia. De querer introducirse un filtro, debería haber sido otro.
Segundo, porque con ello opta por ayudar únicamente a la micro y pequeña empresa, dejando de lado medianas y grandes empresas. Sin embargo, este hecho ignora que, por ejemplo, en Baleares, la mediana y gran empresa, aun solo representado el 0,6% del tejido empresarial regional, es responsable del 41% del empleo. Un gran error si lo que se desea es precisamente evitar un impacto social.
Entre las 629 medianas y grandes empresas de Baleares, se cuentan las 24 compañías que, con 275 establecimientos y más de 121.000 plazas en el archipiélago, forman parte de la ACH. El año pasado dimos trabajo directo a 38.012 personas, frente a los 14.997 ocupados de la micro y pequeña empresa dedicada al sector del alojamiento en nuestras islas. La mayoría de estas sociedades solo tienen hoteles en Baleares. De ellas depende también la actividad indirecta de otros sectores, que dan, a su vez, trabajo a miles de personas.
Por responsabilidad, conscientes de la importancia de frenar la pandemia, cerramos los hoteles. Damos por perdida la Semana Santa y el mes de mayo. Deseamos poder reabrir en junio y remontar, para el bien de todos, el bache del primer semestre.
Necesitamos que el Gobierno del Estado no excluya de las medidas a las empresas que facturan más de 6 millones o tengan más de 250 trabajadores. Las consecuencias de esta decisión son de gran calado, en Baleares y en otras regiones, en el sector de alojamiento y en otros. Debe rectificar e incluir en sus medidas a TODAS las empresas: autónomos, pequeñas, medianas y grandes empresas.
Apelo al Govern balear, de nuevo por responsabilidad, a que sin demora eleve esta reivindicación al Gobierno. Nos va en ello el futuro.
* Gabriel Llobera es presidente de la Agrupación de Cadenas Hoteleras de Baleares