La Audiencia Provincial ha citado el 13 de marzo a los cuatro acusados del ‘caso IME' para una sesión previa al enjuiciamiento. Será la primera de las grandes investigaciones de derivadas del caso de corrupción en la Policía Local que llegue a juicio y lo hace cuando, precisamente la operación que dio origen a este juicio es el núcleo de las acusaciones por detención ilegal contra el juez y el fiscal que se encargaron de él, Manuel Penalva y Miguel Ángel Subirán.
La Fiscalía Anticorrupción y el Ajuntament reclaman condenas que suman 24 años de cárcel para los cuatro investigados. Sostienen que el empresario Antoni Roig, que afronta una petición de cinco años, dos empleados municipales y un empleado del primero defraudaron en torno a 700.000 euros del instituto municipal en varias obras. Mantienen que se facturaron trabajos no realizados, en concreto la instalación de unas placas solares en un polideportivo.
Los informes en torno a irregularidades en la instrucción del ‘caso Cursach' apuntan a posibles irregularidades en la detención de tres de los cuatro acusados, que ingresaron en prisión preventiva. Se basan en unos mensajes de WhastApp en los que se hablaba de retrasar la declaración de un testigo para justificar la medida de cárcel.
En la vista de marzo es improbable que se alcance un acuerdo. La tesis defensiva de los cuatro acusados se ha visto reforzada después de que el Tribunal de Cuentas negara la existencia de desvío de fondos públicos y de una malversación en una sentencia de finales del año pasado. En ese procedimiento se negó cualquier irregularidad.