El sumario de la investigación sobre las presuntas irregularidades en el instituto de deportes de Cort, cuyo secreto ha levantado ahora el juez Manuel Penalva, refleja que Roig facturó a la administración miles de horas de trabajo de sus empleados que no se llevaron a cabo. Un informe del director de uno de los centros deportivos señala que sólo en el suyo fueron 3.384 las horas que no se habían cumplido. Es la diferencia entre el horario que supuestamente cumplían y lo que figuraba en las bases del contrato.
Según algunos de los testigos que han declarado en el caso, en algunas ocasiones, los técnicos que tenían que llevar a cabo labores de mantenimiento en las instalaciones deportivas iban a trabajar para otros de los contratos que la empresa tenía con Cort, como el mantenimiento de semáforos o del alumbrado. El juez cifra en más de 158.000 euros el dinero que pagó la Administración de más por este concepto.
Las quejas por el cumplimiento de estos horarios eran constantes por parte de algunos directores de centros. Éstos han aportado a la causa los correos electrónicos en los que se quejaban tanto al entonces gerente del IME, Antoni Ramis, como al responsable del área. Éste sería uno de los indicios que manejan los investigadores de que ambos imputados consentían esa situación para beneficiar a Roig.