Los trabajadores de la sede de Thomas Cook en Palma, que aún deben acudir a su puesto pese a que no hay actividad, percibirán la nómina de septiembre a final de esta semana o a principios de la próxima. Así lo indicaron los administradores concursales a los representantes de la comisión negociadora en la primera reunión que las partes mantuvieron este martes tras la quiebra del touroperador. De acuerdo con la legislación vigente, el salario máximo que se ingresará a los trabajadores por el mes de septiembre será dos veces el salario mínimo interprofesional.
Según indicó un portavoz de la comisión negociadora, los administradores concursales son conscientes de la situación de la empresa y «intentarán agilizar el proceso». «Saben que no tiene viabilidad y que cerrará», dijo. En estos momentos está en concurso de acreedores y lo más probable es que se presente un expediente de regulación de empleo parcial «para que el mayor número de empleados puedan extinguir su relación laboral con la empresa», dijo este portavoz, quien explicó que deberá permanecer un retén.
El ex consejero delegado (CEO) de Thomas Cook, Peter Fankhauser, explicó este martes ante la comisión de investigación del Parlamento Británico sobre la quiebra de Thomas Cook que la ayuda del Gobierno británico habría asegurado el plan de reestructuración del touroperador y evitado su colapso. Fankhauser pidió disculpas por la caída de la compañía y señaló que «siente profundamente el no haber podido salvar» a la empresa.
Al ser preguntado sobre si un rescate por parte del Gobierno no habría simplemente retrasado lo inevitable, Fankhauser ha aseguró que si el plan de recapitalización hubiera seguido adelante, «la empresa habría sido una de las compañías de viajes mejor financiadas de Europa».
El exdirectivo fue preguntado sobre si devolverá las cuantías recibidas (22,95 millones de euros) en bonificaciones a directivos en los últimos cinco años. Apuntó que la última bonificación recibida fue en 2017, un total de 860.568 euros, de las que el 30 % fueron en forma de acciones, «por lo que no podrían ser recuperadas». No obstante, ante la insistencia del Parlamento, dijo que «valoraré qué es lo correcto por si tengo que devolver o no la bonificación de 2017».
En el pleno del Parlamanent, la presidenta Armengol, remarcó el «consenso» alcanzado con las medidas para paliar la crisis generada por la quiebra del touroperador y dijo que el Ejecutivo autonómico está «luchando» ante Madrid por la devolución de los 20 millones del IVA que las empresas hoteleras no van a ingresar por las facturas impagadas. Font (PI) criticó la posición de Més per Mallorca en este asunto.