El Consell deja de pagar el plus que cobran 3.000 trabajadores de la institución desde el año 2009. Lo hará a través de una suspensión cautelar del complemento tras dos informes demoledores del secretario y del interventor en los que se alerta de que el pago es ilegal.
No solo eso, los dos funcionarios también cuestionan crear un nuevo complemento que sustituya al actual y el interventor aún va más allá: ha abierto un expediente para resolver si esos 3.000 funcionarios tienen que devolver las cantidades cobradas indebidamente.
Si tienen que devolver el dinero, no será la totalidad de lo cobrado sino solo lo que han cobrado indebidamente en los cuatro últimos años ya que el periodo anterior ha prescrito. Esos cuatro años pueden suponer una media de unos 2.000 euros por trabajador.
«Desde el año 2009, se está pagando este complemento a todo el personal del Consell de Mallorca sin ningún tipo de cobertura legal, por tanto se insta al Departamento de Modernització i Funció Pública a la suspensión y la eliminación de este complemento de productividad en la próxima nómina», señala un informe del interventor fechado el pasado día 5.
La propuesta del Consell pasa por seguir las indicaciones del interventor y dejar de pagar este complemento «para que, si finalmente se debe proceder al reintegro de estas cantidades, posibilidad que se apunta por parte de la Intervención General, resulte lo menos oneroso posible para el personal del Consell que actualmente percibe este concepto», señala la propuesta de acuerdo.
El complemento se creó en el año 2005 en concepto de productividad. En su día vino justificado por el aumento de la carga de trabajo ya que llegaron competencias sin la suficiente dotación de personal.
Ese complemento pudo tener una justificación en los primeros años, pero el interventor precisa que, desde 2009, se está pagando sin cobertura legal. «Se ha configurado como una retribución periódica sometida al mismo régimen de las complementarias, periódicas, fijas y objetivas», según el informe de fiscalización de la Sindicatura de Comptes.
Este organismo ya advertía que el complemento «contraviene lo que dispone la regulación legal de los complementos de productividad», fijado tanto en el Estatuto de Básico del Empleado Público y en la Ley de Presupuestos. La Sindicatura añadió que el Consell pagó por este concepto 746.000 euros en 2016, por lo que la cantidad abonada ilegalmente todos estos años ronda los siete millones de euros.