La Sindicatura de Comptes asegura que el Consell de Mallorca lleva doce años pagando un complemento a sus funcionarios que «contraviene» las disposiciones legales sobre complementos de productividad. Dicho de otro modo, la institución insular ha pagado a sus funcionarios durante los últimos doce años un complemento retributivo que es claramente ilegal.
El órgano que vigila y controla la legalidad de la gestión económica de las administraciones hace esta advertencia en el último informe fiscalizador de las cuentas del Consell de Mallorca, referido al año 2016. Recuerda que el personal funcionario y laboral de la institución percibe un complemento fijado por decreto de la presidenta Maria Antònia Munar en el año 2006 pensado en su momento para compensar la carga de trabajo añadía como consecuencia del traspaso de una serie de competencias del Govern al Consell que no llegaron acompañadas por el personal suficiente para atender estas nuevas materias.
Si bien ese año el complemento tenía cierta justificación, la Sindicatura precisa que este plus «es objeto de prórroga anual» y, por lo tanto, «se ha mantenido en el tiempo y se ha configurado como una retribución periódica».
Los incumplimientos
El informe considera que esta circunstancia «contraviene» la legislación sobre los pluses de productividad que recogen el Estatuto del Empleado Público, las sucesivas leyes de Presupuestos y, especialmente, el decreto que establece las retribuciones de los funcionarios de la Administración local.
La Sindicatura hace un cálculo de cuánto ha supuesto este coste y señala que en el año 2015 se pagaron 707.000 euros por este concepto y un año más tarde, 746.00. Si 2006 fue el único año en el que el complemento tenía razón de ser, la conclusión es que desde el año 2007 se está pagando de manera ‘alegal' con un coste global para la institución de unos nueve millones de euros.
Es uno de los reproches más importantes que hace la Sindicatura en su informe de fiscalización, pero no es el único. También hace una serie advertencia a la institución sobre el riesgo financiero por litigios judiciales de diversa índole, que a finales de 2016 sumaban 144 millones de euros, lo que supone casi un tercio del presupuesto global del Consell.
Tres importantes amenazas financieras proceden de empresas concesionarios de la institución: las de la carretera de Manacor, Tirme y Mac Insular. Estas dos últimas encargadas de la gestión de residuos en Mallorca tienen planteados litigios que suman 93 millones de euros, 9,3 de Tirme y más de 84 millones de la gestora de los escombros.