Unos 3.000 funcionarios del Consell de Mallorca se encuentran en estos momentos bajo la amenaza de tener que devolver un plus de productividad que va de los 40 a los 80 euros al mes y que llevan cobrando de manera irregular desde el año 2005. La posibilidad de devolución, en cualquier caso, solo se retrotraería a los cuatro últimos años ya que el pago de los anteriores ya habría prescrito, por lo que la devolución, si se concreta, podría superar los 2.000 euros de media.
Se trata de un complemento que aprobó por decreto la entonces presidenta del Consell, Maria Antònia Munar, que estaba justificado el primer año, pero no los siguientes, según advierte la Sindicatura de Comptes en su último informe de fiscalización correspondiente a las cuentas del año 2016.
El actual gobierno insular ya trabaja en la regularización de este plus que desaparecerá y quedará convalidada por otro complemento específico, pero hay dudas jurídicas de que por esta vía se convalide todo pagado con anterioridad a este acuerdo.
La convalidación del complemento está ahora a la espera de sendos informes del interventor y del secretario del Consell y no se espera que haya objeciones. Donde sí hay problemas es en el hecho de que el nuevo complemento legalice lo pagado anteriormente. Las fuentes consultadas aseguran que un acuerdo de pleno no es suficiente para dar cobertura legal a lo pagado hasta ahora.
Es lo que deberá decir el informe encargado al secretario y al interventor, que se espera sea inminente. Si el informe de intervención es contrario a la convalidación retroactiva, se abre la puerta a que el Consell se vea obligado a reclamar las cantidades cobradas de manera irregular por los funcionarios durante todos estos años.
De hecho, tanto la Sindicatura de Comptes como el Tribunal de Cuentas podrían actuar de oficio, el primero de ellos con un informa negativo y el segundo, exigiendo al Consell que reclame el pago de estas cantidades. Puede haber un acuerdo político para no hacerlo pero quien tome la decisión se expone a que el Tribunal de Cuentas le reclamé el pago por vía judicial. Sucedió algo parecido hace unos años con un complemento que pagaba el IB-Salut sin la debida cobertura legal. El entonces gerente del organismo se enfrentó a una posible demanda judicial y el Govern se vio obligado a aprobar una ley para dar cobertura al plus.
En el caso del Consell, la institución está sometida a la legislación estatal y por eso se entiende que un acuerdo de pleno no sería suficiente.