El conseller de Trabajo, Comercio e Industria, Iago Negueruela, y la consellera de Salud, Patricia Gómez, se han reunido este viernes con los representantes de la Comisión negociadora del ERE del Grupo Juaneda para abordar la situación de los trabajadores después del anuncio de la empresa de abrir un expediente de regulación de empleo.
Según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado, en el transcurso de la reunión, a la que también han asistido la directora general de Trabajo, Economía Social y Salud Laboral, Isabel Castro, y la secretaria general de la Conselleria de Salud, Guadalupe Pulido, los dos consellers han trasladado el apoyo del Govern a los trabajadores.
Así, han asegurado que, desde el primer momento en que se tuvo conocimiento del ERE, desde el Govern se han mantenido contactos y conversaciones con la empresa para tener un conocimiento exacto de la situación y ahora se han querido reunir con los trabajadores para definir una estrategia conjunta ante esta situación.
Los consellers han reiterado a la Comisión negociadora su intención de intermediar en la situación con el objetivo de mantener el mayor número de trabajadores posible.
«Supone una barbaridad»
Por su parte, la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT) ha trasladado su visión del expediente iniciado poniendo de manifiesto «la barbaridad que supone despedir a 231 personas que plantea el Grupo Juaneda».
De este modo, FeSP-UGT considera que «hay una clara incoherencia entre las manifestaciones del grupo hace escasos meses en las que, tras una ampliación de capital de 34 millones de euros, trasladaba un mensaje de plena viabilidad de los centros sanitarios que gestionaba y el volumen de despidos propuestos en el ERE».
Además, han solicitado el estudio de la compatibilidad de estas actuaciones con las cláusulas sociales a las que están obligados los adjudicatarios de contratos públicos, ya que en los centros donde se pretende reducir hasta un 24 por ciento la plantilla, «hay pacientes derivados desde el IbSalut y no se entendería que grupos empresariales que aplican medidas tan lesivas con su personal, además, recibieran financiación pública».
También han trasladado al Govern la posibilidad de aplicar otras medidas que no son «tan traumáticas» como el despido, como por ejemplo facilitar las reducciones de jornada las prejubilaciones o la suspensión solo temporal de algunos contratos, entre otros.
Finalmente, el Secretario General de la FeSP-UGT, Miguel Ángel Romero, ha informado al Govern de que, en caso de no alcanzarse un acuerdo con la comisión negociadora del ERE, dará instrucciones a sus servicios jurídicos para estudiar la viabilidad de la impugnación del mismo.